Guadalajara, Jalisco.

El gobernador Enrique Alfaro le enmendó la plana al Congreso de Jalisco, que había resuelto eliminar los salarios de los integrantes del Sistema Anticorrupción, una acción que seguramente perderían los legisladores en tribunales.

Tras una reunión con todos ellos, el Ejecutivo estatal hizo observaciones a la reforma 2.0 y de nueva cuenta consideró percepciones económicas para todos ellos, pero con la condición de que presenten declaraciones de intereses y de tipo patrimonial, que las hagan públicas, que su salario sea definido por el Comité Técnico de Valoración Salarial y que no tengan otros ingresos. Esto, para evitar conflictos de intereses.

Es la voz del gobernador Enrique Alfaro:

“En Jalisco estamos comprometidos con fortalecer nuestro Sistema Estatal Anticorrupción. No queremos debilitarlo. Al contrario. Entendemos que esa agenda es soporte del futuro de Jalisco. Por eso, en un ejercicio nunca antes hecho en nuestro Estado, he tomado la determinación de enviar el día de hoy observaciones al Congreso respecto a esta reforma que eliminaba los sueldos de los consejeros ciudadanos, para no publicar esa reforma y construir, en acuerdo con el Poder Legislativo, no en un ejercicio de confrontación, sino en un ejercicio de acuerdos, argumentos que nos permitan corregir un planteamiento que, insistimos, aunque compartimos en su espíritu, no compartimos en términos de su forma”.

Y luego aseguró que aquí se acaba el debate:

“Esta decisión es para acabar con ese debate y el intento de algunos por desviar la atención de lo verdaderamente importante: que el Congreso aprobó una reforma muy importante que fortalece este sistema y que nos permite seguir luchando contra este terrible mal que aqueja a Jalisco y a la nación. Espero que sea un mensaje positivo y que se entienda claro y contundente en todo México. Aquí en Jalisco estamos comprometidos con la lucha en contra de la corrupción en serio, no sólo en discurso. Queremos fortalecer nuestro sistema estatal y queremos hacerlo de la mano de la sociedad”, agregó Alfaro Ramírez.

Ahora, el Congreso tendrá la tarea y responsabilidad de evaluar el desempeño de cada miembro del Comité de Participación Social. Ellos deberán informar lo que están haciendo con el propósito de tener seguimiento de acciones y evaluar resultados, por lo que quedan claras las causas para separar de su cargo a quien no cumpla con su tarea.