Fotografía: Cortesía
Guadalajara, Jalisco.

La afrenta abierta por parte del Gobierno del Estado contra la Universidad de Guadalajara (UdeG) se debe a la molestia de este Poder con los Comités de Análisis de esta Casa de Estudios, formados por expertos y especialistas que han sido críticos con los resultados gubernamentales, y la manera que ha encontrado para presionar es a través del presupuesto.

La coordinadora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, reclamó que el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, hubiera decidido atacar y “declararle la guerra” a la UdeG, en lugar de solucionar la inseguridad, de buscar a los desaparecidos, de mejorar el empleo, de garantizar un transporte digno y dejar de atacar la libertad de expresión. Ven que el objetivo del Ejecutivo es callar a las voces críticas.

“Lo que el Gobierno quiere es callar a la Universidad de Guadalajara, lo que le molesta al Gobierno es que los universitarios y los diputados de Hagamos en este Congreso del Estado cuestionemos su falta de pericia para resolver el problema de la inseguridad”.

Aclaró que la desestabilización del Estado se da a partir de la manera “inepta” de gobernar, la falta de transparencia y de rendición de cuentas, especialmente en el endeudamiento a largo plazo que va en 11 mil 450 millones de pesos y se vislumbra otro más de tres mil millones para la Línea 4 del Tren Ligero.

Mara Robles dijo que la defensa de la UdeG, en esta “guerra” del Ejecutivo contra la educación, es por la autonomía universitaria, y no se trata sólo del recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales que ya se encontraba etiquetado en el presupuesto de 2021, sino evitar un precedente que deje la puerta abierta a que cualquier gobernante pueda violar la independencia de las universidades.

Lamentó que en su momento el Poder Legislativo, por subordinación al Gobierno del Estado, no se hubiera inconformado de esta reasignación de recursos hecha de manera “arbitraria” por el Ejecutivo, cuando debía pasar por el Legislativo; aunque confió en que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien les dé la razón.

Fatima Aguilar