Guadalajara, Jalisco.
Ante la falta de un convenio entre los 125 ayuntamientos y el Gobierno de Jalisco, la Policía Vial está impedida para aplicar multas y llevarse autos y motocicletas a los corralones.
Así lo afirma Jorge Carlos Ruiz Romero, titular de la agrupación Contraloría Ciudadana Independiente, quien dijo que la tarea de la seguridad, la vialidad y el transporte es una facultad exclusiva de los ayuntamientos.
Por ello, cualquier ciudadano puede acudir al Tribunal de Justicia Administrativa o a un juzgado federal para interponer un juicio de amparo y, con ello, invalidar las sanciones que apliquen los policías viales, dijo Ruiz Romero.
“El Artículo 115 constitucional, fracción tercera, inciso H, manifiesta que la seguridad pública y el tránsito es responsabilidad del municipio. Por lo tanto, para que la Policía Vial, que aquí tiene un problema muy grave lo que viene siendo el Gobierno de Jalisco, porque no sabemos a quién pertenezca en realidad el tránsito. Les tenemos la imagen de una motocicleta, donde viene que es de la Secretaría de Transporte, pero la Policía Vial pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo tanto, nosotros nos dimos a la tarea y en ninguna fracción de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo está la responsabilidad del tránsito”, argumentó.
En la administración estatal anterior, los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan firmaron convenios con el Gobierno de Jalisco para ceder las tareas de vialidad y transporte al Estado, pero en la actual no se renovaron, aseguró Jorge Carlos Ruiz, quien dijo que esa información la solicitaron por medio de la Ley de Transparencia y no existen tales convenios.
“La Secretaría de Transporte dice que es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública y aquí tenemos la documentación, y la Secretaría de Seguridad Pública dice que es responsabilidad de Secretaría de Transporte. Ni siquiera ellos saben, pero sí son buenos para multar, para retirar vehículos y aquí tenemos todas las pruebas. Los principales municipios, o los de mayor población, todos niegan que se tenga algún convenio con la Secretaría de Seguridad Pública o de Transporte para llevar a cabo las funciones de tránsito que es constitucional. La Ley de Movilidad maneja, en el Artículo 198, que es responsabilidad de la Policía Vial, pero ninguna Ley estatal está por encima de la Constitución”, precisó.
La agrupación Contraloría Ciudadana Independiente dijo que está dispuesta a asesorar a los automovilistas y motociclistas para que se defiendan cuando se les retiren sus unidades, y las puedan recuperar de los corralones sin pagar multa alguna.
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