Guadalajara, Jalisco.

A través de una carta de réplica que dirige a los medios de comunicación, el despacho legal Navarro, Medina & Castro refrendó la versión del Gobierno del Estado respecto a que detrás de la detención de los tres estudiantes que fueron llevados al penal de Puente Grande por defender el Parque Resistencia Huentitán, no está involucrado ni el Gobierno de Guadalajara ni el estatal.

La misiva, firmada por el abogado Andrés Medina Garzón, asegura que desde hace 14 años, el predio donde se busca construir el llamado Proyecto Iconia está desincorporado del dominio público y añade que es “falso” que antes hubiera sido un parque.

Asegura que era un tiradero de autos y que desde el año 2012 la Operadora Hotelera Salamanca obtuvo la posesión, lo cual ocurrió posteriormente con la firma Hoteles Rivera Deluxe, y que en 2016 el Gobierno de Guadalajara sometió el proyecto ante la sociedad, colectivos y académicos, incluida la UdeG, y que todos “aplaudieron el proyecto”.

Incluso, asevera que no hay incumplimiento en la fecha de entrega de las obras de compensación, lo cual se ha dejado en claro porque las obras, hoy en día, no existen. Sin embargo, la firma sostiene que “es falso que existan incumplimientos de las partes ofendidas”.

Esas obras de contraprestación son un parque lineal de acceso público y un polideportivo. Ninguno de ellos existe actualmente.

Añade que el 29 de marzo de 2021, los tres imputados, “acompañados de una multitud, despojaron ilegalmente del inmueble a las ofendidas mediante el uso de violencia”, y que el proceso de denuncia que se emprendió ante la Fiscalía de Jalisco por despojo del inmueble ha durado dos años y no se concretó en cuestión de días.

Insiste en que el Gobierno estatal y municipal “no son parte en el proceso legal que se desahoga”.

Finalmente, advierte que el interés de los afectados es "que se haga justicia y se les repare plenamente los daños que sufrieron, tal y como se establece en la ley".