Fotografía: Iván de León.
Guadalajara, Jalisco.

Han pasado 3 décadas y el recuerdo de aquella mañana está más vivo que nunca. Sonia Solorzano circulaba a bordo de un camión sobre la calle Río Lagos en la colonia Atlas en el sector Reforma, cuando la vida le cambió de manera dramática.

Actualmente es la representante legal del fideicomiso que se formó para la atención de los damnificados del 22 de abril. Su diagnóstico es discapacidad motriz permanente, crónico degenerativa.

Hoy levantan la voz ante lo que consideran un abandono de parte de las autoridades.

“Actualmente es estar pidiendo limosna literalmente a que nos escuchen y nos atiendan. Este gobierno nos tiene muy limitados en lo que respecta a medicamentos y servicios médicos, y no tenemos derecho para aparatos ortopédicos, ni a lo más básico el día de hoy; estamos a la expensa de la buena fe que no existe con este gobierno”.

A los sobrevivientes de aquella mañana de semana santa, el gobierno los ha clasificado en dos grupos: los que sufrieron alguna discapacidad total y permanente y a los que no.

Son 56 personas, que como Sonia para poder tener acceso a atención médica celebran un contrato con Servicios de Salud Jalisco, es decir, se pagan sus prestaciones, mismas que están establecidas en este documento y que a decir de su representante no se cumplen.

“Desgraciadamente dentro de Jalisco se cree que nos regalan un servicio médico, que como víctimas que tenemos derecho. Nosotros cada mes pagamos una cuota obrero patronal para ser atendido médicamente, la parte que le corresponde al gobierno del estado que es cubrirnos con aparatos ortopédicos ya sea estudios no se está cubriendo a pesar de qué nosotros pagamos nuestro servicio médico”.

Apenas el pasado lunes se dio a conocer el fallecimiento de una de las víctimas de las explosiones, de las que son clasificadas como sobrevivientes sin ninguna discapacidad, a este grupo conformado por 60 personas desde hace 8 meses les retiraron la atención médica.

“Ellos no tienen derecho ni siquiera un paracetamol ni un servicio médico, el día de ayer falleció la primer persona que le quitaron su servicio médico hace ocho meses. Según el gobierno porque no tienen derecho porque no tienen derecho y es donde yo le pregunto al gobierno si ellos nos están discriminando porque las exclusiones no fueron discriminatorias con nosotros y el gobierno actual sí, porque dijo que legalmente no tenían porque apoyarlos porque no existe ningún documento legal para amparar sus servicios médicos”.

Aunado a la carencia de medicamentos en Ipejal ha provocado que su precaria salud se deteriore aún más.

Iván De León Meléndrez

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