fiscalia recupera cuerpos
Fotografía: Medios
Guadalajara, Jalisco.

La defensa de Hanna, una menor de tres años que presuntamente fue abusada sexualmente por su papá, acusó al juez José Herminio Jasso Méndez de otorgar la suspensión condicional del proceso al imputado, con lo cual se le da la posibilidad de concluirlo en libertad y pagar una reparación del daño por 38 mil pesos, cuando en este delito no aplica esa salida alterna.

Esto significa que durante un año, el papá deberá cubrir los gastos por el tratamiento psicológico de la menor en libertad, y de cumplirlo, después de ese tiempo, queda libre de cualquier cargo.

Andrea Cervantes, abogada de la niña e integrante de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria, explicó que en septiembre de 2020, la mamá presentó una denuncia penal en contra del papá, porque luego de permanecer unos días con él, su hija manifestó dolor y le narró el abuso sexual.

“Inmediatamente su mamá va y pone la denuncia Ciudad Niñez y es justamente aquí en Ciudad Niñez donde se inicia la carpeta de investigación y la carpeta de investigación es por abuso sexual infantil en modalidad de tocamientos, a partir de aquí se hacen ciertos peritajes y entrevistas, y se detona justo con una dinámica con objetos sexuados, donde ella habla y explica cómo fue el abuso sexual infantil y es aquí donde nos dimos cuenta que aparte de eso hubo copula”.

La litigante narró que durante las dos primeras audiencias, el papá no se presentó, con la justificación de que no fue notificado, aunque sí estaban sus abogadas. Para la tercera audiencia, sí acudió, pero fue porque su defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, y el juez se la concedió a principios de este mes de junio.

“No hay ninguna fundamentación, es justamente lo que nosotros acudimos al amparo, porque no existe fundamentación alguna de esta suspensión condicional del proceso…

El delito de abuso sexual infantil es un delito grave, no es un delito menor y la suspensión condicional del proceso solamente entra en delitos menores;

Estamos hablando que la medida aritmética para hacer suspensión condicional del proceso tendría que ser menor a cinco años y el abuso sexual infantil con las agravantes que estamos y por el tema de modalidad en copula, serían casi hasta más de 30 años”.

Adrián González, otro de los abogados, detalló que también hubo omisiones y obstáculos por parte de la Fiscalía Estatal en la judicialización del asunto.

“El Ministerio Público pese a que en la carpeta de investigación hay datos de prueba que sí advierte que hay una cópula contra la menor, decide hacer una imputación por el artículo 142 L, que habla sobre tocamientos, entonces, cuando hace esa imputación y empezamos con la estructura del debate lo que hace este órgano asesor es decirle al juez que no era esa clasificación jurídica, porque dentro de nuestras facultades es decirle al juez, espérame sí hay cópula dentro de lo que se ven en la carpeta de investigación”.

Además, agrega que:

“Sí necesitamos que se haga la reclasificación conforme a los elementos de la carpeta de investigación, se hace esa manifestación, sin embargo, dentro de la audiencia no se nos da la razón”.

Otra omisión por parte de la Fiscalía es que ni siquiera impugnó la resolución del juzgador, sólo lo hizo la defensa el lunes pasado para revertir esta decisión, pues consideran que juzgó sin perspectiva de género y sin una fundamentación legal, pues aún con la imputación por tocamientos tampoco aplicaba la suspensión condicional del proceso. A la par analizan presentar una queja contra el juez en el Consejo de la Judicatura del Estado.

“Lo que sí es obligatorio es que atienda la perspectiva de género, y a juzgar para en este caso niñas, niños y adolescentes, para en este caso, dentro de la vinculación no lo tomó en consideración. Hace mención de que él quiere una declaración objetiva de la menor cuando el propio protocolo impuesto por la Suprema Corte sí refiere que se le debe tomar una narrativa conforme a los datos de prueba se le debe tomar en consideración, puesto que un menor nunca te va a declarar objetivamente sobre los hechos”.

Durante el proceso, la mamá y la menor tuvieron medidas de protección, que el imputado violó con amenazas vía WhatsApp, de acuerdo con la abogada. Aseguró que tras la decisión del juez, ya no cuentan con ellas y el papá insiste en tener contacto con la menor, por lo que ambas se encuentran desprotegidas en este momento.

“Él está libre con toda la normalidad del mundo sigue estudiando en la Universidad de Guadalajara y por lo que ahora tememos por la seguridad e integridad de Hanna y su mamá”.

Fatima Aguilar

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