Fotografía: Ricardo Chavarin.
Guadalajara, Jalisco.

El certificado de habitabilidad que le dio el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a los dueños de la Villa Panamericana, le abre la puerta a los propietarios de otros predios para que se detone el desarrollo de la zona de El Bajío.

Sin embargo, aún existe la posibilidad de acudir a derechos colectivos para detener la llegada de habitantes a los 650 departamentos, aseguró el urbanista del ITESO, Héctor Castañón.

“Esto sienta un precedente el cual puede usado como argumento y va a ser usado como argumento legal, para los desarrolladores propietarios del Bajío que tienen intereses en sacar el mayor jugo a sus terrenos, aprovechando los enormes vacíos que dejan las políticas y los instrumentos públicos, que tendrían que regular contemplando no solo los costos de oportunidad, los costos del suelo, sino los costos ambientales y sociales”, dijo.

Otro problema que se avecina es que el Tribunal de Justicia Administrativa será usado como “ventanilla” para tramitar los principales permisos de obras urbanas en la ciudad.

El académico del ITESO lamentó que el área de amortiguamiento del bosque La Primavera, cada vez se ve más reducida por la “presión” de los constructores.

“El Área Natural Protegida de La Primavera tiene sus principales amenazas fuera del bosque, el Área Natural en su demarcación está relativamente bien protegida, sin embargo, tiene presión del desarrollo urbano irregular como este que podemos llamar ‘un desarrollo urbano irregular’ porque escapa a todos los ordenamientos ecológicos, como urbanos”.

Además, agregó: “Y así es cómo compromete un asunto clave en el territorio tan importante en un contexto de cambio climático, no solamente por lo que representa de cobertura forestal, sino por los servicios ambientales que presta”, expresó.

La zona del Bajío genera escurrimientos, infiltración y es una reserva de agua subterránea para la ciudad, pero eso puede ir desapareciendo, advirtió el experto, quien añadió que el Ayuntamiento de Zapopan aún puede actuar si recurre a los “derechos colectivos” para hacer respetar el derecho a un medio ambiente sano.

“La parte más negativa de esta orden que da el Tribuna es que ‘abres la puerta’ a que más desarrolladores tengan elementos jurídicos para hacerlo. Se antoja difícil, pero existe esa posibilidad, porque las autoridades tienen atribuciones para regular el territorio para cumplir lo que dicen que es un desarrollo de baja densidad, cuando a simple vista se observa que no es baja densidad”, dijo.

Ignacio Pérez Vega

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