Todavía no se pública la Ley para erradicar la tortura que fue aprobada por el Congreso del Estado y ya tiene problemas de ejecución.

De acuerdo con el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Javier Perlasca Chávez, los diputados pecaron en la técnica legislativa, pues el concepto de la ley no coincide con el que está en el código penal, lo que ocasiona lagunas legales para darle seguimiento a los casos.

Otro de los problemas que podría considerar la ley es que se aprobó en términos generales, pero no existen criterios determinados para asignarle recursos a la Fiscalía General del Estado (FGE) ni a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para contratar psicólogos y peritos.

Perlasca Chávez también busca que se diferencie entre denuncia y querella, porque a partir de ahora bastará que alguien diga que fue torturado para que se abra una investigación, pero la denuncia penal debe ser presentada hasta que se acrediten los daños y perjuicios a los derechos humanos de las víctimas.

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