La policía comunitaria de Santa María de Ostula en Michoacán, afirmó que la policía federal y el Ejército mexicano sí accionaron armas en contra civiles la tarde del domingo, mientras realizaban un operativo para detener al líder de las guardias comunales de la zona, Sermeí Verdía Zepeda.

Germán Ramírez Sánchez, comandante de la policía comunitaria de Santa María de Ostula, desmintió el comunicado emitido por el gobierno estatal de Michoacán, que tras el incidente, negó que dependencias federales y estatales hayan protagonizado un enfrentamiento en contra de habitantes.

Ramírez Sánchez dijo que creen y confían en la autoridad, sin embargo aseguró que esta no operó correctamente y violó el Estado de Derecho.

Aseguró que en el incidente sólo falleció el menor de 12 años, identificado como Heriberto Reyes, quien murió en el tiroteo ‘adentro de un restaurant, después de que él venia de comprar pañales que lo había mandado su mama’.

El comandante lamentó que la autoridad detuviera a Sermeí Verdía, a quien consideran un defensor de Aquila, un pueblo que desde hace varios años fue saboteado por el crimen organizado. Pues con ello, expuso que las autoridades en vez de combatir a los grupos delictivos, les abren las puertas.

Los miembros de la policía comunitaria informaron que luego del evento, intentaron establecer mesas de dialogo con el gobierno, sin tener respuesta.  

Germán Ramírez adelantó que ‘no se ha terminado ni se va a terminar la organización que nosotros tenemos’, por lo que continuarán con la operación de policías rurales para la seguridad de la comunidad. 

Pide justicia en México por la muerte del menor

Miembros de la comunidad indígena de Ostula, Michoacán (oeste de México), pidieron este martes que se haga justicia por la muerte de un niño de 12 años tras un confuso enfrentamiento con militares que, según los comunitarios, habrían atacado a los habitantes provocando la muerte del menor.

Exigimos al gobierno federal y estatal “el castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policiacas que asesinaron al niño Edilberto Reyes e hirieron y golpearon a diversos comuneros”, dijo Agustín Vera, jefe administrativo del poblado, en una rueda de prensa en Ciudad de México.

El domingo, fuerzas federales detuvieron a Cemeí Verdía, líder de la policía comunitaria del municipio de Aquila, al que pertenece Ostula, por portar dos fusiles de alto calibre, “armas que no corresponden a las de uso oficial de la Fuerza Rural”, indicaron las autoridades.

Los habitantes del pueblo bloquearon algunas calles del municipio como protesta y, en respuesta, soldados del batallón 86 llegaron al lugar y “empezaron a disparar en contra de casas y de la población civil”, resultando ese niño muerto y seis heridos, entre los cuales una niña de seis años y un menor de 17, relató Vera.

Desde la sede de la ONG Centro ProDH, el comunitario mostró un video donde se ven tres tanquetas de militares apostadas en un puente del pueblo y se escuchan ráfagas de balas, sin que se aprecie de dónde proceden, y vecinos corriendo asustados. 

Por su parte, el ombudsman de Michoacán indicó el lunes que existen “indicios que apuntan al Ejército Mexicano como el presunto iniciador de los disparos”.

Sin embargo, el general Felipe Gurrola, al frente de las operaciones de las fuerzas federales y locales en Michoacán, aseguró que “los únicos disparos que hicieron los militares fueron al aire”, luego que “se escucharon detonaciones de arma de fuego, al parecer activadas por personas escondidas entre la maleza”.

Durante una conferencia de prensa en Michoacán el lunes por la noche, el uniformado aseguró que aún no se ha determinado el calibre de la bala que causó la muerte del niño, pero que si se demuestra que el menor murió por algún tiro militar “se aplicará todo el rigor que marca la ley”.

Las Fuerzas Armadas de México son actualmente blanco de fuertes críticas por presuntos abusos de poder.

En otro caso, la secretaría de Defensa reconoció el lunes que un grupo de militares podría haber participado en la desaparición a inicios de mes de siete jóvenes de Zacatecas (norte), cuyos cadáveres fueron hallados posteriormente.

Estos dos casos se suman al proceso en curso contra siete militares por las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas el 30 de junio de 2014 en la comunidad de Tlatlaya (centro), un incidente que despertó indignación entre ONG internacionales.

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