Especial | A dos años, seguimos buscando a los 43




Guadalajara, Jalisco

Redacción: Andrea Gutiérrez Vargas

Voces: Andrea Gutiérrez y Guillermo Chávez

Hace 731 días arrebataron a 43  …  43 estudiantes …  hijos … 43 hermanos … amigos … vecinos … 43 mexicanos.

El 26 de septiembre del 2014 en el municipio de Iguala Guerrero, policías municipales agredieron camiones en los que viajaban estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa Guerrero, según declaraciones de la PGR por órdenes del presidente municipal  José Luis Abarca Velázquez.

Seis personas murieron, 25 resultaron heridas, y 43 normalistas desaparecieron.

Para el 28 de septiembre, la Procuraduría de Guerrero arrestó a 22 elementos de la policía por una presunta responsabilidad en estos hechos.

Dentro de los fallecidos esta terrible noche se encontraba Julio César Mondragón Fontes, estudiante también de la Normal Rural de Ayotzinapa, a pesar de que las “investigaciones” señalaron que murió de un balazo.

Fue detenido, torturado y ejecutado.

4 días después, Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero,  exige pruebas al presidente municipal, Abarca Velázquez, que demuestren que no tiene relación con lo sucedido aquella terrible noche.

Abarca pide licencia, y desaparece 30 días.  Para el 01 de octubre, el gobernador de Guerrero, ofrece un millón de pesos por cualquier información que permita saber el paradero de los estudiantes. Por su parte la Procuraduría General de la República ofrece 1 millón 500 mil a quien brinde información sobre los responsables de este caso.

El 05 de octubre Iñaky Blanco, procurador de Guerrero declara que dos delincuentes admitieron que junto con policías municipales de Iguala asesinaron a 17 de los 43 estudiantes normalistas.

Un día después, el 06 de octubre el presidente Enrique Peña Nieto, desde  Palacio Nacional brindó un mensaje a medios de comunicación en el que lamentó, este hecho  que duele a los mexicanos y al mundo entero.

El 22 de Octubre del 2015, la fiscalía afirmó que  José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron autores intelectuales de privar a los estudiantes de su libertad y el 23 de octubre, Ángel Aguirre, decide separarse de su cargo como Gobernador de Guerrero para favorecer las investigaciones.

Jesús Murillo Karam, a 17 días de que la Procuraduría General de la República tomará el caso declara la culpabilidad de Abarca y Ángeles Pineda.

La PGR también declaró, que los estudiantes normalistas fueron calcinados y arrojados al basurero de Cocula, pronunciada como la “Verdad histórica” caso Ayotzinapa.

Aunado a esto, Jesús Murillo Karam, dio por terminada la conferencia de prensa con una peculiar frase que indignó a México.

“Ya me cansé” “Ya nos cansamos” se leía como tendencia nacional e internacional en redes sociales, mexicanos cansados de que dos años después un hecho tan atroz aún no tenga respuestas claras.

El tema traspasa fronteras, cala hondo en la indignación en muchas partes del mundo.

En un vídeo publicado por El Universal padres de los 43 normalistas desaparecidos se rehusaron aceptar las pruebas de la PGR.

La población mexicana aún indignada por los hechos no esclarecidos, realizó marchas en protesta a las declaraciones del gobierno, las marchas e inconformidad se hicieron presentes en cada estado de la república mexicana de manera cada vez más frecuente, en las que jóvenes y adultos lanzaron consignas y mostraron carteles para ser parte de este hecho que une a los mexicanos.

El 06 de diciembre de 2014, peritos confirmaron que restos encontrados en el basurero de Cocula pertenecían a uno de los 43 normalistas. Esto después de que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense confirmarán que se trataba de Alexander Mora Venancio.

Jesús Murillo Karam  deja la PGR y es nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y en su lugar entraría Arely Gómez, ex senadora, quien a partir del 27 de febrero continuaría la investigación de los estudiantes normalistas.

A 20 días de conmemorarse el primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas,  el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe de resultados y conclusiones de las investigaciones realizadas entorno a lo ocurrido en Iguala, Guerrero la noche del 26 de septiembre.

La versión de los hechos brindada por los expertos independientes ha generado dudas sobre la llamada “verdad histórica” presentada por la Procuraduría General de la República.

Los integrantes del GIEI relatan que un grupo de normalistas buscaba tomar autobuses en las afueras de Iguala para acudir a la conmemoración del 2 de octubre y al conseguir uno acordaron llevar el pasaje a la central de Iguala y ahí fueron encerrado por el chofer, por lo que lo estudiantes llamaron a sus compañeros quienes acudieron en dos camiones para rescatarlos. En el lugar tomaron otros tres autobuses, siendo cinco los que salieron de la estación para dirigirse a Ayotzinapa.

De acuerdo con la investigación, los normalistas llegaron al zócalo de Iguala cuando ya había terminado el evento de la entonces presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda, por lo que los estudiantes no iban a boicotear el evento.

Las autoridades conocían de las acciones de los normalistas desde las 17:56 horas, por medio del C-4 que es el espacio de coordinación de información entre las fuerzas de seguridad, y desde ese momento sus actividades fueron vigiladas.

Los ataques se realizaron en 9 escenarios y sucesos diferentes los cuales dejaron como saldo 6 personas asesinadas, casi 40 heridos y 43 desaparecidos.

Estas agresiones se produjeron entre las 9:40 de la noche y las 2:00 de la mañana de los días 26 y 27 de septiembre del 2014.

Acerca del destino de los 43 normalistas se han manejado varias versiones, la llamada “versión histórica” de la PGR habla de que fueron incinerados y arrojados junto con sus pertenencias en el basurero de Cocula y en el Río San Juan, pero los peritajes realizados por los investigadores arrojan datos que no coinciden con lo presentado por la Procuraduría.

De acuerdo con ese informe se habrían necesitado 30 mil 100 kilos de madera, 13 mil kilos neumáticos y 60 horas para incinerar a los 43 normalistas en el basurero de Cocula.

Datos, que luego, expertos en la materia, señalaron que sí podrían haber sido incinerados.

Apenas el 16 de septiembre del 2015, Arely Gómez titular de la PGR da a conocer que identifican a un segundo normalista, Jhosivani Guerrero de la Cruz.

Muy al Sur de Jalisco, al cumplirse un año de estos lamentables hechos, llegan a Zapotlán el Grande, dos estudiantes normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, con el propósito de que la población guzmanenses también se una a las movilizaciones.

Víctor González señaló que creen que sus compañeros, los 43 normalistas faltantes, los tiene el ejército.

El joven que aún busca a sus compañeros, explicó que hay movimientos que comienzan, y pronto se apagan, pero Ayotzinapa es diferente. A pesar de las diversidades, los estudiantes buscan la manera de continuar su búsqueda, describen que en el país no sólo faltan los 43 estudiantes. En 2015, asistieron al Congreso de Jalisco buscando justicia. Ese 28 de septiembre, al cumplirse un año de la desaparición, los estudiantes normalistas afirmaron que las movilizaciones seguirían hasta que estos mexicanos aún ausentes, volvieran a casa.

En abril de 2014 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó un último informe en que se encontró la participación de una tercera policía municipal la de Huitzuco y se descartó nuevamente la incineración de normalistas en el basurero de Cocula.

Este grupo interdisciplinario pidió al Senado que promulgará leyes para evitar desaparición y tortura, los integrantes exhortaron al Legislativo de México a construir un sistema penal más eficiente, acorde a los Derechos Humanos.

Al terminar abril, el GIE, entregó su último informe y terminó los labores de investigación sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

En Mayo, el Grupo Imagen Multimedia, dio a conocer que la PGR no cuenta con fichas de identificación de los 43 jóvenes estudiantes mexicanos, que aún se buscan.

El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informó que la Policía Federal también sería participe en la búsqueda.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que la muerte del estudiante Julio César Mondragón Fontes fue asesinado por causas de tortura física, y no por un arma de fuego. En el informe, se descartó que el estudiante fuera desollado en cara y cuello, se apuntó postmortem, que el arrancamiento de su piel fue por mordeduras de depredadores de la fauna local.

El 14 de septiembre, Tomás Zerón, quien estuviera al frente de la Agencia de Investigación Criminal presentó su renuncia, justo 12 días antes de cumplirse el segundo aniversario de la desaparición, Zerón fue criticado en múltiples ocasiones por supuesto mal manejo de investigaciones.

La PGR ubicó más de 40 sitios donde pudieran localizarse las fosas clandestinas con los restos de los estudiantes normalistas, esto, gracias a la tecnología denominada LIDAR, que permite obtener imágenes tridimensionales.

Muy cerca de cumplir los 2 años de estos hechos, la fiscalía derivada de la PGR da a conocer que los celulares de los normalistas desaparecidos presentan indicios relevantes sobre la investigación que aún realizan. Pero ¿quiénes eran esos 43 estudiantes?

Son padres, son madres, son hermanos, son esposos, son amigos, son hijos, son vecinos, son mexicanos, son Ayotzinapa  …