Lagos de Moreno, Jalisco

Aunque se reconoce la existencia de una falta administrativa, el rector general asegura que la abstención de aceptar propuestas o celebrar contratos con la casa de estudios, es una sanción excesiva que afectaría considerablemente.

Por Luz Atilano

En su edición del viernes 23 de junio de 2017, el Diario Oficial de la Federación publicó una circular dirigida a la Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a entidades federativas, ordenando su abstención de aceptar propuestas o celebrar contratos con la Universidad de Guadalajara en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por el plazo de un año y hasta el día en que la institución educativa salde el pago de la multa correspondiente. Sanciones impuestas por la Secretaría de Función Pública.

Lo anterior, en relación a la elaboración del proyecto ejecutivo de la Unidad de Medicina Familiar “10 consultorios sustentable” en Cabo San Lucas Baja California, para la que el Instituto Mexicano del Seguro Social asignó a la U de G en el año de 2012 la adjudicación directa concerniente al contrato de prestación de servicios, y cuyo monto total fue de 4 millones 756 mil 465 pesos con 51 centavos. Al respecto, el maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de esta casa de estudios, durante la rueda de prensa convocada el viernes pasado declaró.

“El proyecto ejecutivo se realizó y entregó satisfactoriamente sin existir quebranto ni daño patrimonial. En consecuencia, se recibió el finiquito correspondiente por parte de la entidad federal. No obstante, la dependencia universitaria que desarrolló el proyecto (Inmobiliaria universitario Uniterra) incurrió en una falta administrativa en los procedimientos para su realización, motivo por el cual el órgano de control, es decir la Secretaría de Función Pública, emitió una sanción que hoy publica el Diario Oficial de la Federación. Al momento, la Universidad de Guadalajara elabora la solicitud del proceso de revisión al que tiene derecho, ante la Secretaría de la Función Pública, para reconsiderar la sanción.”

La falta administrativa fue incurrida en el cumplimiento del procedimiento obligado para recibir la adjudicación directa, pues aunque en su momento se aseguró que sí, no se contaba con todos los elementos procesales; situación que el rector general reconoció y aseguró será asumida. Sin embargo, mencionó que con el recurso de revisión que emitirá la institución, lo que se pretende es revertir una sanción considerada excesiva, que sin duda afectaría considerablemente las capacidades de contratación de la Universidad.

“Los argumentos que nosotros vamos a explicar, en primer término, es que no hay ningún daño patrimonial de ninguna naturaleza. Número dos, que el proyecto fue entregado de manera satisfactoria, el producto que se esperaba. Y tercero, que hay el acta de finiquito que es no solamente testigo sino prueba documental de que el proyecto tuvo la calidad que se esperaba y tuvo el carácter de producto satisfactorio para las partes. Entonces, lo único es que para llegar a él se cometió falta administrativa y bueno… es el tema puntual.”

Además, Bravo Padilla recordó que la U de G ha sostenido a lo largo de los años variados contratos  con el gobierno federal, con entidades y municipios, otras dependencias públicas, organismos sociales y entidades privadas, e incluso convenios y contratos de carácter internacional, sin haber incurrido en faltas en su cumplimiento y responsabilidad; por lo que externó, quienes actualmente sostienen con la institución alguno de ellos, tienen la certeza de que su trabajo continuará por la misma línea.

“Esta casa de estudio da certeza a todas las entidades con las que tiene contrato y reitera que en todos los casos dará debido cumplimiento con responsabilidad, como siempre ha ocurrido. Somos una institución y una comunidad que trabaja con dedicación y probidad. […] Ninguna entidad privada (o pública) debe tener algún temor de que la Universidad no esté en condiciones de cumplir con los contratos que realice.”

El área de Contraloría de la Universidad de Guadalajara, cuenta ya con un estudio que analiza los procesos con los que la institución podría sancionar a las personas implicadas y serán revisados por el Consejo Universitario. En cuanto al recurso de revisión ante la Secretaría de Función Pública, se espera que éste sea resuelto antes de la realización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2017) y así evitar las posibles afectaciones de diversos contratos.