Agua.
Concesiones particulares sí privatizan el recurso, afirma analista

El 5 de junio, Enrique Peña Nieto anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas, de las 756 que existen en el país. José Antonio Gómez Reyna, investigador en el Centro Estratégico para el Desarrollo en la UdeG, explica sobre esto:

“En la página 56 de dicho decreto, cuando hablan de la cuenca Lerma Chapala-Santiago, establece su artículo 7mo., lo siguiente: dice que podrá ser explotada o usada, e inclusive concesionada, y sí hablamos del artículo 9 observamos otro elemento en donde dice que pueden ser concesionadas; ahí establece que son 50 años que pueden ser ampliados de acuerdo al artículo 40 de la ley de aguas. ¿A dónde va esto?, pues que simple y sencillamente quedan 50 mil grupos agrarios e indígenas que tenían decretos presidenciales, quedan eliminados, por tal motivo quedan sin cómo sacar este recurso ¿Por qué?, porque el recurso pues ahorita automáticamente no se los quitan inmediatamente, pero el día que haya una concesión, pues el concesionario les va a quitar el derecho al agua, y esto le llamamos nosotros privatización”.

Con la aprobación de dichos decretos se elimina la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en esas cuencas, con el pretexto de que servirían para establecer reservas por los próximos 50 años, lo cual se contrapone a lo establecido en la constitución, explica el entrevistado.

“Hay que recordar también el artículo 4º, en el cual establece la constitución que el estado tiene la obligación de entregar esa agua en cantidad y calidad, y esto contraviene a estos decretos, contravienen a la constitución, o sea, simple y sencillamente es un disfraz que quiere meter el gobierno federal para poder autorizar las concesiones a los que las soliciten, o sea, a partir de esta fecha, del día que se publica, del 06 de junio, cualquier empresa o cualquier particular puede pedir concesión en todos los polígonos de las cuencas que están manejando en el decreto”.

En lugar de promover la protección de las aguas nacionales, como intentaron justificar, abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos.

Para el investigador en el Centro Estratégico para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, se trata de un discurso perverso que responde a interés económicos, es una incongruencia entre el discurso y la realidad que se viven en regiones como el norte de Jalisco, apuntó.

“La Conagua habla directamente  diciendo que hay un exceso de agua, que hay sobrante de agua, que hay disponibilidad de agua, y luego por otro lado, se presenta el tiempo de sequías y se determinan zonas de vulnerabilidad con relación a lo que es la sequía y se declaran zonas de desastre por sequía, el norte ya pasó esto, acuérdate hace dos o tres años cuántas reses murieron y demás, por el problema de sequía, ¿cómo hay sequía y a la vez dicen que hay gran cantidad de agua disponible para poder levantar las vedas? Entonces es un doble discurso, perverso, con relación a intereses económicos”.

La acción tomada por el mandatario federal trae implicaciones en el presente y futuro del país, puesto que termina con la veda que impedía sobre explotar el recurso; la privatización del agua está implícita en el objetivo que persigue el documento citado, aseguró.

“Dentro del decreto nunca dice privatización, pero como te señalé, se autoriza la concesión, les das una seguridad jurídica a las empresas nacionales o transnacionales, también se las da a los estados; entonces hemos visto que muchos estados como en Veracruz, Puebla, Aguascalientes, estos recursos ya los pasaron a la iniciativa privada, entonces ya hay una persona que te va a vender el agua. Nunca he visto yo que un concesionario lo vea desde el punto de vista social, siempre he visto por el punto de vista económico, cómo ganar en cada uno de ellos.

El río Juchipila y otros que atraviesan la región están dentro del reciente decreto, por lo tanto existe una implicación directa y el riesgo de que algún concesionario se interese por el agua, originando un problema a nivel nacional, puntualizó.

Asimismo comentó cuáles son los recursos a los que podría aspirar el ciudadano para evitar que la situación actual se intensifique aún más.

“Aquí lo que queda es el amparo, o sea, o las manifestaciones sociales ¿por qué?, pues porque estamos viendo que están impactando sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho al agua y el derecho a las nuevas generaciones, o sea, aquí el punto es básico, ¿qué es lo que realmente está haciendo el gobierno? Mira ya entregamos los caminos, ya se entregó el petróleo, ya se entregó la energía eléctrica, hoy se está entregando el agua. Claro que el modelo que ha manejado el gobierno últimamente, a través de la Comisión nacional del agua, ha sido desastrosos, la mayoría de las cuencas están impactadas, la mayoría de las cuencas están contaminadas y cada día el agua es menor.

En otros países la energía, el agua y el territorio son seguridad nacional, en México todo se está entregando, de esa magnitud es la situación actual en la que está sumergido el país, finalizó.

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