Guadalupe Espinosa, representante legal del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, señaló que las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) se “quedan cortas”, ya que únicamente van dirigidas a la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuando deberían ir en contra del gobernador, Aristóteles Sandoval, el secretario de gobierno, Roberto López Lara, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos (ya que éstos tiene expedientes de expropiación de terrenos de Temacapulín), además de los municipios de Mexticacán (el cual es cabecera municipal de Acasico) Cañadas de Obregón e incluyendo a las fuerzas castrenses, pues consideran los pobladores han sufrido actos de hostigamientos en su contra, así como presiones vía telefónica pidiéndoles el desalojo de sus viviendas por la construcción del megaproyecto de la presa El Zapotillo, además de rondines del ejército vía terrestre y aérea.

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