Vidulfo Rosales, del centro de derechos humanos la montaña Tlachinollan, indicó que el gobierno del estado de Guerrero está criminalizando al movimiento del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al proyecto hidroeléctrico de la presa la Parota (Cecop) y no está respetando el principio de presunción de inocencia, luego de la represión y detención de 25 personas, tras el operativo policiaco militar para desarmar a la policía comunitaria de Cacahuatepec, en la comunidad de la Concepción, y que luego de un enfrentamiento con supuestos encapuchados detractores de la Cecop y de la policía comunitaria, y posteriormente otro enfrentamiento con personal del gobierno del estado y militares, dejó como saldo 11 personas fallecidas de ambos bandos, el pasado 7 de enero.

 

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