Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario y especialista en temas del agua, externó su preocupación en torno al borrador de la “Ley Pichardo”, una ley que busca no sólo la privatización del agua, sino llevar las concesiones a particulares de manera perpetua. Actualmente en la Ley General del Aguas Nacionales, pese a sus tintes concesionarios, cuenta con causales de revocación de concesión, en función del uso de la misma o disponibilidad. Sin embargo, con la propuesta del legislador federal, Ignacio Pichardo, ya no existe dicha posibilidad, incluso buscan la renovación de manera indefinida posterior a los 30 años, para todos aquellos concesionarios que  cuenten con la infraestructura para seguirla explotando.

 

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