Hoy en De Hecho Y De Derecho hablaremos del acceso al agua y saneamiento como derecho humano, el cual está establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Asimismo, el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. De igual forma, el artículo 115, fracción 3, estipula que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. En 1999 se les amplío a los municipios la facultad de la prestación de tratamientos y disposición y tratamiento de sus aguas residuales con la finalidad de descentralizar la función de distribución del recurso por parte del Gobierno Federal, para poder brindar un mejor servicio a los ciudadanos.

Conforme al informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, presentado al relator especial de las Naciones Unidas en Mayo de 2017, la descentralización de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento del agua a los municipios, no implicó el fortalecimiento de las capacidades municipales. Hoy, la ineficiencia y opacidad en la operación de los sistemas de provisión de agua y saneamiento, resultan en una baja recaudación de pagos excusa principal que hemos encontrado en los organismos operadores para no garantizar los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento (DHAyS), y argumento principal para empujar a la privatización de estos organismos. Todo inicia con un muy mal servicio generando una pérdida de credibilidad y por ende una falta de recaudación la cual ha generado deudas. Esto a su vez es usado como argumento para aumentar sus costos. En algunos otros casos, estos organismos al depender directamente de los ayuntamientos municipales, se convierten en las “cajas chicas” de éstos, haciendo un uso discrecional de los fondos por recaudación, desviando recursos públicos para atender intereses económicos y políticos de presidentes municipales, tal fue el caso del SMAPA en Tuxtla Gutiérrez con Juan Sabines Guerrero quien utilizó presupuesto del sistema para su campaña electoral a gobernador del Estado.