Guadalajara, Jalisco.

El drama de la Mesa de Torrecilla, en la comunidad indígena wixárika de Bancos de San Hipólito o Calitique, Durango, comenzó al anochecer del 30 de noviembre de 2020. Un comando iba por el comunero Refugio Ramírez Aguilar, pero éste aprovechó una confusión para escapar por el monte, según testigos, por lo que se llevaron a su anciano padre, Jesús Ramírez Carrillo, quien más de seis meses después permanece desaparecido.

Durante ese tiempo, se han acumulado seis privaciones ilegales de la libertad de indígenas huicholes en Mesa de Torrecilla y sus inmediaciones. Uno de los efectos colaterales a la guerra que ha subido de intensidad durante el último año, el tiempo de la pandemia de covid-19, entre dos poderosas agrupaciones criminales: el Cártel de Sinaloa (CDS), que tradicionalmente ha dominado esa región de fronteras entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit desde su llanura costera, y el emergente Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dispuesto a arrebatar el control tras expandirse desde los cañones del sur de la región.

Una violencia entre particulares con intervención apenas marginal de las policías de los estados y la Guardia Nacional, después de una matanza ocurrida en la misma región a comienzos del mes de octubre anterior, con saldo de seis policías duranguenses muertos y siete heridos en la ruta Mezquital-Huazamota.

En febrero de este año, la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación, Josefina Bravo Rangel, recibió una denuncia firmada por “los pueblos originarios afectados” donde se hace un recuento de seis desapariciones forzadas en Mesa de Torrecilla y anexos, en perjuicio de comuneros wixaritari, entre noviembre de 2020 y finales de enero de 2021. De acuerdo con distintas fuentes, la dependencia condicionó su intervención a que se presentaran denuncias formales por desaparición ante las fiscalías estatales, pero la desconfianza y el miedo de los comuneros ha impedido culminar ese proceso.

El problema afecta también a los wixaritari de Jalisco. La comunidad de San Andrés Cohamiata pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos su intervención en marzo, pues la violencia impedía que llegaran apoyos, según lo dijo el presidente de bienes comunales, Patricio Ortiz.

La oficina de la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Josefina Bravo Rangel, recibió un informe con detalles de las desapariciones entre los comuneros de Bancos de San Hipólito: la tarde del 26 de enero del año 2021, “integrantes del CJNG levantaron a dos personas del pueblo originario que responden a los nombres de Vicente De la Cruz Díaz y Ambrosio De la Cruz Ferrel, en el poblado de Tepetates de la Sierra dentro del Estado de Durango en las colindancias con Zacatecas, mientras compraban en una tienda particular en dicho poblado. Sin que hasta el momento se sepa del paradero de ambos”.

Y solamente tres días después, 29 de enero del 2021: “un grupo armado del CJNG, ingresó al poblado de Mesa de Torrecilla y levantó a los CC. Refugio Ramírez Aguilar, Jesús Ramírez Aguilar y Gonzalo Ramírez Aguilar mientras se encontraban realizando una ceremonia tradicional en su centro ceremonial familiar, y trataron de hacer lo mismo con el C. Maurilio Ramírez Aguilar quien alcanzó escapar de la captura”. Hasta junio de 2021, se desconoce el paradero.

Vea la historia completa esta semana en Territorio Reportaje, el miércoles a las 10 de la noche.