Ciudad de México, México.

Un tribunal colegiado de México ordenó este lunes dar mantenimiento y tomar medidas de conservación de las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) que fue cancelado por el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En su resolución, el tribunal "ordena que se mantengan las obras del NAIM y se lleven a cabo acciones conducentes para su conservación", informo este lunes en un boletín la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

La Coparmex precisó que la decisión del tribunal fue otorgada con motivo de los 147 juicios de amparo promovidos por el colectivo #NoMásDerroches para que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad y constitucionalidad de la cancelación del NAIM.

La organización empresarial expresó que la orden del Tribunal supone no destruir los avances del NAIM sino que también conservarlo porque "si no se les da el mantenimiento adecuado podrían llegar a dañarse las obras, estructura y cimientos".

El colectivo #NoMásDerroches está formado por organizaciones, entre ellas la Coparmex, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo General de la Abogacía Mexicana, que defienden la construcción del NAIM en Texcoco y se oponen al proyecto de Santa Lucía anunciado por el gobierno mexicano.

Al mismo tiempo, un juzgado de distrito en el Estado de México ha ordenado que no se ejecute el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía (AISL) hasta en tanto no sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales, de seguridad, vialidad y aeronáutica, señaló la Coparmex.

Este juzgado ha reconocido además que el NAIM presenta un avance y un valor económico importante que de ser destruido implicaría la pérdidas de recursos públicos, sin que la cancelación este hasta hoy justificada.

Con estas dos nuevas resoluciones, el colectivo ha obtenido ya nueve fallos favorables, cuatro relacionadas con la suspensión definitiva de las obras de Santa Lucía.

La obra del NAIM se canceló en octubre de 2018 luego de una consulta ciudadana no exenta de polémica por la falta de control en las urnas a la hora de registrar los votos y la poca participación.