Guadalajara, Jalisco.

Que termine simulación en combate a la tortura en Jalisco, es lo que organizaciones de la sociedad civil exigen a diputados del Congreso de Jalisco.

Para que no pase lo mismo que con la Fiscalía de Desaparecidos, donde por falta de recursos se derivó en que se acumularan cuerpos porque no había dinero, estos grupos de ciudadanos piden a los legisladores que asignen presupuesto suficiente para la adecuada implementación de las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición. Además que garanticen el principio de participación conjunta.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, así como la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, recuerdan que el delito de tortura se tipificó en Jalisco en el 2013. Pero no se ha abierto ninguna carpeta de investigación. Es decir, el 100% de los casos permanecen impunes.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco inició 1,470 quejas, del 2000 al 2018, de las que se desprenden cerca de 2,000 víctimas de tortura. Pero desde 1993, fecha en que se creó el primer marco legal que prohíbe la tortura, no se ha dictado ninguna sentencia por este delito.

Señalan que las y los diputados no deben perder de vista que las leyes generales contemplan la creación de Fiscalías Especializadas sobre Tortura y sobre Desaparición de Personas en todos las entidades del país.

Y señalan textuales;“No obstante, no se puede garantizar su funcionamiento adecuado si esta LXII Legislatura no aprueba los recursos económicos suficientes para investigar y sancionar los casos así como atender las necesidades de las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, incluyendo la reparación integral del daño”, dijo.

Los recursos han sido, señalan, solicitados y exigidos en innumerables ocasiones a pesar que deben acatarlo como representantes populares, en virtud del artículo 1 de la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

Así mismo, en la misma misiva, piden que los diputados se abstengan de aprobar la Ley Para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, hasta que no se abran los espacios con familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y expertos.