Washington, Estados Unidos.

Las ya canceladas políticas de separaciones de familias de inmigrantes con menores que entraban a EE.UU. irregularmente por la frontera con México costaron al Gobierno del presidente Donald Trump 80 millones de dólares, según datos de un informe oficial divulgado hoy por medios locales.

De acuerdo con un documento del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) recogido por los medios, el Ejecutivo ha gastado ese dinero en la custodia, la atención y la reunificación de las familias que había separado a causa de estas políticas, que se iniciaron en abril y a las que Trump puso fin el 20 de junio entre una avalancha de críticas.

Según estos datos, recabados de un documento interno que fue enviado al Congreso, el precio de estas separaciones por cada niño durante estos meses es de alrededor de 30 mil dólares.

Estas prácticas migratorias comenzaron en EE.UU. cuando en abril el ya ex fiscal general Jeff Sessions firmó las llamadas políticas de "tolerancia cero", que implicaban que cada inmigrante que llegaba al país irregularmente fuera procesado por la vía criminal, lo que suponía la separación entre menores y mayores de edad.

Como consecuencia de esas polémicas medidas, el Gobierno alejó a al menos 2 mil 667 niños y adolescentes de sus acompañantes adultos en la frontera sur.

Hasta la fecha, la Administración de Trump ha reunificado a 2 mil 458 menores que fueron separados, apuntan datos en documentos judiciales por el Ejecutivo, al que un juez ordenó reunir a las familias.

En el informe difundido hoy por medios locales, el número de menores que aún resta por reunirse con sus acompañantes supera los 140 y de ellos 117 siguen separados porque sus padres han sido deportados sin ellos.

Debido a que aún permanecen menores sin sus tutores, el coste de 80 millones continuará aumentando.

En las últimas fechas, el diario The Washington Post publicó que el Gobierno de Trump se había planteado volver a utilizar las divisiones de familias de inmigrantes, en esta ocasión una vez que hayan estado detenidos durante 20 días; el Ejecutivo no ha negado estos planes, aunque tampoco los ha confirmado.