Proponen ley para evitar despidos por revanchas políticas




Quienes corran gente, que paguen el laudo de su bolsa.

Los diputados locales pretenden combatir el terrorismo laboral que se da durante los cambios de administraciones en gobierno del estado y ayuntamientos, con una iniciativa de reforma a la Ley de Servidores Públicos

Proponen que los funcionarios que sean despedidos sin seguir el debido proceso, paguen de su bolsillo las indemnizaciones a los empleados que ganan demandas laborales por despido injustificado.

En Jalisco, 80 de 125 ayuntamientos adeudan alrededor de mil millones de pesos por laudos ganados por empleados despedidos de forma injustificada.

Así lo explicó el autor de la iniciativa, el diputado de Movimiento Ciudadano, Alberto de Santiago Velasco Macías.

“El objetivo principal, son dos cosas: Que ya no haya estos ceses injustificados y que todos esos recursos que se pierden el pago de los laudos, se apliquen mejor en servicios para los ciudadanos del Estado y se construyan obras e infraestructura en beneficio de los ciudadanos del Estado de Jalisco”, apuntó Velasco Macias.

Actualmente el artículo 22 de la Ley de Servidores Públicos establece los causales para despedir empleados del gobierno, y el artículo 26 define claramente el procedimiento. Sin embargo, para quienes no respetan estas disposiciones, en la práctica no hay castigo.

Por ello el diputado Velasco de Macías propone agregar una fracción al artículo 23 de esa ley, en la que se establezca de forma clara que quienes cesen de forma injustificada a otro servidor público caigan en responsabilidad.

“Dentro de las sanciones administrativas que se están proponiendo, son sanciones patrimoniales y económicas. Si finamente se demuestra que fue a través de un cese injustificado y hubo una arbitrariedad, pues obviamente el funcionario que ejecutó esta instrucción tiene que caer en una responsabilidad y que ya no recaiga en los estados o en los municipios, sino que ya sea más directa esta responsabilidad. Y si finalmente el cese fue justificado, el servidor público ya no tendrá elementos para hacer reclamo de un laudo posterior”

La idea es que esta reforma quede lista antes de los inminentes cambios de gobierno.