Guadalajara, Jalisco.

La polémica desatada desde hace un mes por los decretos de levantamiento de vedas sobre cuencas de diez regiones hidrológicas de 17 Estados de la República, se equivoca al señalar que es un proceso de privatización, pues esas vedas se habían establecido con fines productivos y por ende, su uso ya estaba privatizado, asegura la académica de la UdeG y presidente del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera.

A su juicio, el debate está mal enfocado porque no se revisaron a conciencia los 10 decretos emitidos por el presidente Enrique Peña Nieto, es decir, establecer zonas de reserva para uso ecológico puede ser positivo, pero la realidad es que la intención es ampliar la oferta para nuevos usos del agua que haga funcionar, por ejemplo, la Reforma Energética y nuevos megaproyectos eminentemente económicos.

Raquel Gutiérrez Nájera señala que el propio cuerpo legal conformado por el artículo 27 dela constitución y la Ley de Aguas Nacionales establece la obligación de la gestión integral del agua, lo que no se está cumpliendo en los decretos sino de forma muy sesgada, situación que se agrava con la falta de funcionalidad y capacidad técnica para levantar datos y garantizar vigilancia, carencias endémicas de la Comisión Nacional del Agua.