Chicago, Estados Unidos.

Fiscales estadounidenses retiraron todos los cargos contra ocho funcionarios del gobierno vinculados a un caso de contaminación del agua potable en la ciudad de Flint, en el estado de Michigan, y se comprometieron a comenzar desde cero una nueva investigación.

Según la fiscal general del estado de Michigan, Dana Nessel, las dudas que surgen sobre el manejo del caso por parte de la administración anterior hacen que este sea un paso necesario para una "completa y exhaustiva investigación".

"Quiero recordarle a la gente de Flint que la justicia que demora no siempre es la negación de la justicia", dijo en un comunicado la demócrata Nessel, quien asumió su cargo a comienzos de este año en lugar del republicano Bill Schuette.

El escándalo de la contaminación con plomo en Flint, una localidad del norte de Michigan económicamente deprimida y de población mayoritariamente afroestadounidense, comenzó en 2014.

En un intento de reducir el déficit administrativo de la ciudad, oficiales del gobierno decidieron cambiar su fuente de agua potable y comenzaron a abastecerla desde el río Flint.

A partir de esa maniobra, los residentes denunciaron que el agua cambió de aspecto, olor y sabor. En algunas casas el agua de los grifos salía de color marrón.

Estudios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) detectaron en 2015 niveles peligrosos de plomo en el agua que estaba llegando a los hogares de los residentes.

Las denuncias de contaminación fueron rechazadas inicialmente por funcionarios y autoridades locales y estatales. Los hechos ocurrieron durante el mandato del gobernador republicano Rick Snyder.

Según las autoridades, miles de niños sufrieron intoxicación por exposición al plomo en el agua, y 12 personas murieron por la llamada enfermedad del legionario, resultado de una epidemia que se vincula también a la mala calidad del agua de Flint.

La fiscalía, bajo el mandato de la nueva fiscal general demócrata, dijo que los investigadores anteriores habían incurrido en una relación demasiado cercana y cómoda con los abogados de la defensa de varios de los acusados.

En 2017, un juez federal aprobó un acuerdo por 97 millones de dólares que obligó al reemplazo de todas las cañerías de plomo de la ciudad.