Guadalajara, Jalisco.

“Soy hijo de una madre soltera. Mi mamá pagó doctores, psicólogos, dentistas, pediatras, dentistas; pasó todo el tiempo conmigo, pasó toda la vida estuvo a mi lado. Por otro lado mi progenitor –ni siquiera puedo decirle papá a ese sujeto- no nada más tengo su apellido que no m e ha brindado nada. Me plantee desde que ni novia tenía, cuando tenga un hijo le voy a poner Castillo por la familia de mi mamá, el día de mañana el niño me va a cuestionar ¿quiénes son Hernández, si mi abuelita es Castillo y todos son Castillo?”.

Yahir se conmueve al explicar por qué decidió registrar a su recién nacido con el apellido de su madre y no conservar el apellido paterno. La emoción se convierte en indignación gracias a que el Oficial de Registro Civil del Ayuntamiento de Guadalajara, sigue administrando la dependencia como si se tratara de su casa.

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Le negó su derecho a elegir el orden de los apellidos de su bebé invocando erróneamente el artículo 61 del Código Civil, donde no se estipula el orden de los apellidos, sino sólo que se debe contar con dos.

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Después de que una pareja en enero de este año ganó un amparo judicial para que los servidores públicos dieran un trato igualitario a la madre y el padre y pusieron primero el apellido materno a su bebé, nada cambió en el Ayuntamiento de Guadalajara.

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En mayo Enrique Alfaro presumía la ciudad de los derechos humanos ante representantes de Estados Unidos, en la firma convenios de colaboración para la Alerta de Género, pero en la realidad el Gobierno de Guadalajara, viola derechos humanos y la constitución.

A Yahir y Liliana les volvieron a negar la decisión personal de elegir qué apellidos acompañan el nombre de su hijo. Los servidores públicos siguen interpretando el Código Civil bajo una visión personal y patriarcal; les condicionaron que acomodaran los apellidos del bebé conforme a la opinión de la oficina del registro civil o no había acta de nacimiento. Yahir, relata.

“Antes de que hiciera la primera pregunta fue un no rotundo, apenas le iba a comentar oye es que tenemos la intención de los apellidos, no, no se puede, dijo. Ni siquiera sabía lo que le iba a preguntar y fue un no. Es muy desalentador, esa la palabra. Interpretan la ley a beneficio de tradiciones que ya son arcaicas en muchos sentidos y no buscan apoyar al ciudadano común que finalmente esa es su función, son servidores públicos”.

Magistrados del Tribunal Colegiado le ordenaron al juez federal en materia civil, que a su vez resolviera a favor de la primera pareja que se amparó en julio del año pasado contra el comportamiento violatorio de la constitución y los derechos humanos, en el Ayuntamiento de Guadalajara. Solo así, seis meses después, se consiguió un trato igualitario y no discriminatorio a la mujer y se logró expedir el acta de nacimiento de la bebé con el apellido materno de la madre y después del padre.

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Sin embargo, para los servidores públicos del Registro Civil número 1, esa sentencia que le dio la razón natural y jurídica a la pareja, no es suficiente para transformar la política pública errada, usan recursos y tiempo de servidores para debatir en juzgados su cerrazón. Así, provocan deliberadamente la judicialización de derechos humanos aunque en el discurso de la regidora de la comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género en Guadalajara, Guadalupe Morfín Otero se exprese lo contrario.

“La postura del Registro Civil seguiría siendo la misa, se les instruiría que fue lo que su servidor hizo en un primer momento al abogado, fue sugerirle que acudiera ante una autoridad judicial para que me ordenara el registro de nacimiento; no lo considero viacrucis en razón que se está actuando conforme a la ley”.

A Dario Castillo Navarro, como recién nacido, se le negó su derecho a una identidad civil a través del acta de nacimiento, por lo tanto: no puede ser atendido en clínicas de salud pública, no se le pueden aplicar el cuadro de vacunas en el sistema de salud y deben pagar entre 800 y 1,600 pesos cada mes por una vacuna. Tampoco puede acceder a una estancia infantil, a menos que se arreglen con una particular que cobra entre 2,800 y 4 mil pesos por mes. No puede viajar ni salir del país, Darío sin acta de nacimiento es blanco fácil de convertirse en víctima del delito en caso de ser desaparecido. A Darío, el gobierno de Guadalajara le viola sus derechos y por negligencia de sus servidores públicos, vive bajo riesgo.

“La mujer y el hombre valen lo mismo, o deben valer lo mismo, no haber distinciones entre uno y otro, entonces ¿Por qué el apellido de la mujer debe desaparecer y el del hombre perdurar, o sea por qué nada más esa afiliación debe estar así?. No dejemos las cosas así, yo estoy seguro que las leyes han evolucionado y las cosas están cambiando y por qué no decidir nosotros el orden de los apellidos. Es todo".