Guadalajara, Jalisco.

El municipio de Guadalajara recibirá 30% menos recursos federales para seguridad, lo cual es inaceptable, dada la situación de inseguridad que se vive en la ciudad, advirtió el alcalde tapatío, Ismael Del Toro Castro, quien lamentó el trato que se dio a los alcaldes que se manifestaron el martes a las puertas de Palacio Nacional, para exigir mayor presupuesto para 2020.

Del Toro confía en que, con argumentos, el Ayuntamiento de Guadalajara va a “convencer” al secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, para que el gasto federal en seguridad no sufra recorte alguno.

“Tenemos recorte de las bolsas federales de seguridad pública más o menos de 30%; ese tema lo estamos gestionando directamente con la Secretaría de Seguridad. Tenemos el compromiso de que se pueda restablecer ese recurso perdido en el último año”, aseguró.

Donde ven aún “mayor cerrazón” los alcaldes en el Congreso federal, donde ya se les dio un aviso de que este año no se aceptará negociación alguna para incrementar las participaciones federales a los ayuntamientos, como solía hacerse año tras año, previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, dijo Ismael Del Toro.

“Yo estuve en la Ciudad de México la semana pasada e incluso hay un anuncio en la Comisión de Presupuesto del Congreso federal que dice ‘Este Año no se Recibirán Gestiones por parte de los Municipios’, ya es lo más claro, que nos cerraron la puerta a la capacidad de gestión presupuestal. Me parece que los alcaldes panistas están haciendo un esfuerzo, no de ir en contra del gobierno, sino de exigir y reclamar los derechos que tienen los habitantes de los municipios que nos toca gobernar, para recibir recursos y creo que no es la ruta correcta, tratarlos peor que a los manifestantes que realizaron actos vandálicos en la misma puerta de Palacio Nacional (de gobierno)”, dijo.

Por lo pronto, el presidente municipal de Guadalajara fue claro al señalar que no se unirá a las protestas que hagan de nuevo los alcaldes panistas. Él prefiere seguir la “vía institucional” de la negociación.

El municipio tapatío presentó una lista de proyectos por un monto de $1,900 millones al gobierno federal y aún no recibe autorización a ninguno, para 2020.