Santiago de Chile, Chile.

Diputados de varios partidos políticos de Chile presentaron un proyecto de ley que agrava las penas para quienes conozcan y no denuncien ante la Justicia sospechas o indicios de casos de abusos a menores, dijo hoy a Efe el legislador Raúl Soto, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Soto, impulsor del proyecto, que fue presentado este jueves al Legislativo, explicó que el objetivo del proyecto es equiparar las penas para quienes omitan la denuncia al nivel de las penas para los encubridores, en el marco de los escándalos sexuales que sacuden actualmente a la iglesia católica chilena.

"La legislación (actual) solo establece una multa económica bien baja" por la ausencia de denuncia, indicó Soto, para quien la nueva normativa debe servir como medida disuasoria para aquellos que deciden no denunciar.

"Lo que uno esperaría es que la ciudadanía denuncie. Pero el país ha sido paradigma de casos de abusos sexuales contra menores que no han sido denunciados ante la Justicia civil", agregó Soto.

Matizó que no critican a la Justicia canónica ni los procesos que la iglesia realice ante los casos de abusos sexuales a menores presuntamente perpetrados por sacerdotes, pero destacó que "la Justicia civil tiene que prevalecer".

"Los sacerdotes no son jueces y no tienen que decidir si hay sospecha o delito. Esos casos hay que ponerlos en manos de la Fiscalía y la Justicia para que sean investigados", subrayó.

"La legislación civil tiene que regir y la Iglesia no puede obstruir a la Justicia", añadió.

El proyecto de ley, que tiene un "apoyo transversal desde la izquierda hasta la derecha política", "es un paso adelante del Poder Legislativo para aportar en la persecución de los casos de abusos y encubrimientos" que han puesto a la Iglesia católica chilena en el punto de mira, consideró.

La Fiscalía chilena ya decidió ejercer acciones contra los sacerdotes presuntamente culpables y, con allanamientos y registros de diversos obispados en el país, recabó información sobre casos de los que se tenían indicios o sospechas.

Incluso un fiscal regional pidió a la Iglesia católica el informe elaborado por los enviados papales a Chile, el arzobispo maltés Charles Scicluna y el sacerdote español Jordi Bertomeu, y que recopila información sobre 64 víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero.

Estas investigaciones derivaron la semana con la prisión preventiva, del excanciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, de 56 años, imputado por la presunta comisión de abusos sexuales reiterados a menores y estupro.

Soto también explicó a Efe que los autores del proyecto esperan que el Gobierno lo acredite como "urgente" en su tramitación para que se convierta en normativa lo antes posible.

Esa sería una forma de que el Poder Ejecutivo también tome parte en la lucha contra los abusos sexuales contra menores, señaló.

Los casos de abusos sexuales han conmocionado desde hace años a la Iglesia católica chilena y el pasado junio el papa Francisco aceptó las renuncias de cinco obispos, luego que 34 miembros de la Conferencia Episcopal de Chile le ofrecieron sus cargos tras ser citados a El Vaticano por el pontífice.

Dos de los cinco que fueron alejados, Juan Barros y Horacio Valenzuela, fueron acusados directamente de encubrir los abusos contra menores por las víctimas del párroco Fernando Karadima, caso en que el papa debió enmendar su posición tras haber sostenido en un principio que las acusaciones contra los obispos eran calumnias.

El pontífice invitó también a algunas víctimas a Roma, les pidió perdón y anunció cambios en la iglesia chilena, tras señalar que su negativa inicial a creerles se debió a que recibió información falsa sobre la situación.

Alejandro Goic, otro de los obispos renunciados, aunque se indicó que era por edad, admitió haber sido negligente por el caso llamado "La Familia", mientras Gonzalo Duarte, obispo de Valparaíso, que también dejó el cargo por edad, ha sido acusado de abusos sexuales por seminaristas, novicios y sacerdotes jóvenes.