El gobierno de Jalisco oficializó su postura, no hará frente al pago por 58 millones de pesos que ordenó el juez tercero de distrito en materia civil del Estado para liquidar un adeudo del poder legislativo con la Consultora López Castro y Compañía.
A pesar de que el gobernador Emilio González y el secretario general de Gobierno, Víctor Manuel González Romero, ya habían declarado que el Ejecutivo no aportaría recursos, ayer hicieron oficial la respuesta.
En un documento signado por González Romero, y remitido al Congreso el 16 de julio, el Ejecutivo señala: “La Secretaría de Finanzas se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para dar cumplimiento a la solicitud que formula el Poder Legislativo”.
Para sustentar su dicho, González Romero expone artículos de la Constitución de Jalisco y de la Ley de Presupuesto. También recuerda que es el Congreso el responsable de elaborar los presupuestos anuales y que debieron haber proyectado el pago de la deuda que habían contraído con la Consultora López Castro y Compañía.

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