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Guadalajara, Jalisco.

Con sus impuestos, usted pagó la desaparición forzada de tres italianos. Además, también podría estar pagando el salario de otros policías que sirven al crimen organizado.

Durante la administración del priista Aristóteles Sandoval Díaz al frente del Gobierno de Jalisco, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha intervenido 14 policías municipales, más del 10% del total de la entidad.

En 11 de esas corporaciones policiacas se detuvieron a 54 elementos que fueron descubiertos por operar para organizaciones delictivas o haber cometido algún delito.

El caso más mediático fue el de Tecalitlán. Cuatro policías de ese municipio cometieron desaparición forzada. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, los elementos recibieron órdenes del crimen organizado y entregaron al Cártel que controla la zona, a los ciudadanos extranjeros Raffaele Russo, de 60 años; su hijo Antonio Russo, de 25; y su sobrino Vincenzo Cimmino, de 29 años, todos de Nápoles, Italia. La desaparición fue reportada en enero pasado.

Pero no fue el único caso. Desde el 2014 y hasta hace un mes, la FGE ha intervenido y encontrado irregularidades que cabrían en un guión de película sanguinaria de Hollywood: desaparición forzada, secuestro, portación de armas no registradas y vínculos directos con la delincuencia.

- Policías municipales débiles -

Ser policía municipal en Jalisco es vivir contra la pared. Se gana poco, se recibe poca capacitación y los incentivos para ser honesto se vuelven cada vez más escasos.

Si usted fuera uno de los cuatro policías municipales con los que cuenta el municipio de Santa María del Oro, en los límites de Jalisco con Michoacán, usted ganaría 4 mil 500 pesos mensuales y tendría que proteger a 2 mil 28 habitantes mientras observa cómo el chofer del alcalde, Eleazar Medina Chávez, gana casi el doble que usted. Nada de aquí es inventado: todo lo señala la última nómina publicada por el municipio, de noviembre de 2016.

Ahora que, si vive en Ejutla, el municipio menos poblado de Jalisco, apenas cuidará a mil 862 habitantes. Pero que eso no lo desanime, porque seguramente tendrá que buscar un segundo empleo. La página de transparencia del municipio reporta que los agentes, que bien pueden ser de movilidad, seguridad o protección civil, ganan mil 100 pesos mensuales.

Menos de la mitad de un salario mínimo.

En Jilotlán de los Dolores, lugar que gobernó el finado presidente municipal Juan Carlos Andrade Magaña, quien fue asesinado el domingo pasado, apenas se registraron 13 policías en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017 del INEGI. En esa población existen 9 mil 917 habitantes y sus policías ganan 8 mil 500 pesos.

13 policías para casi 10 mil personas. Así se previene el delito en las zonas rurales de Jalisco que colindan con la tierra caliente de Michoacán.

- Jalisco incumple mínimos necesarios -

De acuerdo con diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de las entidades federativas, Jalisco incumple con el mínimo recomendado de policías por cada mil habitantes. En la entidad existen .7 policías por cada mil habitantes, cuando lo recomendado es 1.8 por cada mil personas, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas.

Dicho diagnóstico señala que, en Jalisco, 12 de cada 100 policías no aprobaron los exámenes de control y confianza, casi el doble de la media nacional. Sin embargo, el director jurídico del Centro de evaluación de confianza del Gobierno del Estado, señala que no se puede estigmatizar a los por policías, pues del total de reprobados, la mitad van a una segunda evaluación. Y ahí, el 80% de los casos, se aprueba.

Y, por si fuera poco, la capacitación es deficiente: ningún policía estaba certificado en los talleres de “Primer respondiente y la ciencia forense aplicada al lugar de los hechos”, hasta octubre pasado, fecha en que concluyó el estudio.

Además, la Secretaría de Gobernación señaló que las academias de policía de Jalisco no tienen aulas de cómputo, sala de juicios orales, ni área para entrenamiento o pruebas físicas. El salario promedio de los policías de Jalisco es de 7 mil 724 pesos mensuales, cuando el promedio nacional es de 9 mil 933.

De ahí la sencillez con la que el crimen organizado puede reclutar a policías municipales en su nómina. Las condiciones están dadas para que, ante el temor de una amenaza, puedan servir como policías al servicio de la delincuencia

- Los empleados del crimen -

El desarme de policías municipales exhibe la situación “crítica” que existe en materia de seguridad en el Estado, manifestó el doctor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Francisco Jiménez Reynoso. El académico recordó que en los últimos meses el Gobierno del Estado ha desarmado al menos 14 corporaciones municipales, lo cual visibiliza la relación directa que los uniformados mantienen con la delincuencia organizada.

“A través del tiempo, los policías municipales se han convertido en empleados de la delincuencia organizada. Ya no solamente son en labores de narcotráfico o tráfico de drogas, eso ha sido rebasado”, señaló.

Jiménez Reynoso indicó que ahora los gendarmes además de llevar el tema del tráfico de drogas, tiene una gran gama de actividades como: el cobro de derecho de piso, el cobro de la plaza; el tráfico de armas, tráfico de órganos e inclusive la trata de personas.

Considera que los factores que han orillado a los policías a ser parte del crimen obedecen al abandono que han tenido los policías municipales en los últimos años, los sueldos precarios que existen en algunos municipios, así como la falta de homologación salarial, y los déficits de armamento y capacitación.

“El hilo siempre se revienta por lo más delgado y lo más delgado del hilo es la policía municipal, no digamos los policías en línea, pero poco se habla de los acuerdos que pueden tener o tienen algunos poderes en el mismo estado de Jalisco con la misma delincuencia organizada que es donde verdaderamente está el problema”, lamentó.

- Colusión entre las autoridades y el crimen organizado -

Desde la apreciación del experto, la impunidad que impera en el país y en el estado, es un claro ejemplo de la colusión que existe entre la delincuencia y el gobierno, ya que se protegen entre sí, para no ir a parar a la cárcel.

“En este momento tenemos a más de 10 ex gobernadores en la cárcel por tener vínculos con la delincuencia organizada, tenemos alrededor de 20 ex gobernadores prófugos con órdenes de aprehensión o con amenazas por haberse relacionado con la delincuencia organizada por los pactos que luego hacen y que luego no pueden sostener en un momento dado”, refirió.

El narco ha crecido de manera insostenible, al punto de que ya no se conforma con poner a directores o comisarios municipales, sino que también pone a presidentes municipales, señaló el entrevistado.

“Es tanto el poder económico, político y de armas que tiene la delincuencia organizada que propone y forma incluso a quienes llegan a ser los presidentes municipales, entonces se llevan el carro completo, por eso es que vemos que las autoridades municipales en algunos municipios se han convertido en empleados de la delincuencia organizada”, concluyó Jiménez Reynoso.