Piden pruebas de COVID-19 para toda la población del penal Puente Grande
Fotografía: Medios / Referencial




Guadalajara, Jalisco. 

Luego de confirmarse 81 contagios de COVID-19 en el penal de Puente Grande y el deceso de dos personas que laboraban allí, la presidenta del PAN Jalisco, Pilar Pérez Chavira, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) en contra del gobernador Enrique Alfaro y las autoridades penitenciarias por esta incidencia, pues considera que no se está resguardando el derecho humano a la salud dentro de la prisión.

Ante este contexto, la dirigente partidista pidió al mandatario estatal realizar pruebas de COVID-19 a la totalidad de internos y trabajadores para identificar incluso casos asintomáticos y aislarlos. Esto significaría aplicar 13 mil pruebas entre sus tres reclusorios; metropolitano, preventivo y femenil.

"Pedimos como partido a través de esta queja que se realicen las pruebas obligatorias a

todos los reclusos, incluyendo también al personal que labora en dichos centros, como una

medida para garantizar el derecho constitucional a la salud y el cual están poniendo en riesgo al no implementar esta estrategia. Es preocupante que ante la pandemia y teniendo claro cuales son los métodos de prevención, solo se han realizado pruebas aleatorias".

Familiares de los internos en Puente Grande se han manifestado debido a que está suspendida la comunicación al interior del penal, por lo que muchos ni siquiera saben si sus seres queridos están sanos.

No obstante, Pérez Chavira se enfocó en que se realicen pruebas para detectar el COVID-19 entre la población del penal, para lo cual también hizo un llamado a que este trabajo se realice como parte del proyecto Radar Jalisco.

"Solicitamos la colaboración de la Universidad de Guadalajara con el gobierno del estado para que se implemente y aplique un modelo de detección de pruebas rápidas del COVID-19 de manera inmediata en los centros penitenciarios del estado para toda la comunidad recluida, no aleatoria".

Es de recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en 2018 dirigida al gobierno de Jalisco donde señala que en Puente Grande existe un serio problema de hacinamiento, pues registra tres veces más internos de los que tiene capacidad de albergar en buenas condiciones de vida.