Por Luz Atilano

Nueve días han pasado desde la instalación del campamento que habitantes de San Juan Bautista de La Laguna mantienen en el territorio actualmente intervenido por la empresa Gas Natural del Noroeste. La protesta continúa, dicen, a pesar de la llegada de las primeras lluvias del temporal.

Y señalan, es así porque todo sigue igual: la obra está en curso si bien existe una orden de suspensión provisional vigente desde hace más de una semana; Policía Estatal mantiene vigilada la zona y el papel del Gobierno Municipal en el asunto sigue siendo omiso.

Al respecto, habla Cecilia López Clemente, habitante de La Laguna presente en el plantón:

“A partir del domingo, se termina yo creo que esa parte de la instalación de tubos junto al campamento y se retiran los trabajadores a áreas más alejadas del campamento, pero continúan trabajando… Incluso, ayer me tocó estar cuando se acercó una máquina, estaban las máquinas que manejan los tubos grandes y había presencia también de Policía Estatal. Hemos continuado aquí estos días, día y noche, a pesar del clima aquí continuamos y lo seguiremos haciendo porque lo que estamos manifestando es el derecho a la información y no se nos ha dado. Y pues… aquí vamos a seguir”.

En estos momentos, la obra avanza por un costado del Libramiento Norte. Manifestantes en el campamento insisten en que su protesta es pacífica y que no habrá motivo para incitar a la violencia:

“Ayer todavía se veía movimiento en lo que nosotros alcanzábamos a ver desde el campamento, obviamente no nos vamos a exponer, ellos (la Policía) buscan cualquier motivo para detenernos y violar nuestros derechos. Estamos desde el campamento vigilando, aquí día y noche, aun con lluvia, como sea… nosotros preferimos invertir una parte de nuestra vida defendiendo nuestros derechos, a pasar toda nuestra vida lamentando lo que pudimos haber hecho”, agrega Cecilia López.

Hay que decir, por otro lado, sobre este asunto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió la tarde del pasado lunes 03 de junio un pronunciamiento. En él, se indica que la instancia recibió documentación que avala el reconocimiento propio y del municipio de Lagos de Moreno como pueblo indígena a San Juan Bautista de La Laguna.

Por lo que, dicta el pronunciamiento, “todo tipo de proyecto de desarrollo e infraestructura que genere un impacto sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan, o de las que ellos dependen, y una posible afectación sobre sus derechos humanos, deberá hacerse mediante el mecanismo más importante para el respeto y la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que es el derecho a la consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada, tal como se establece en el artículo 2°, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos y el artículo 21, numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5°, 18 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 25, inciso a, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2°, 6° y 7° del Convenio 169 de la OIT”.

Además, la CEDHJ señala que:

“La obra en cuestión involucra tanto a autoridades de la Federación, tales como: la Secretaría de Energía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; como a autoridades del municipio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto, las cuales han expedido permisos que, con independencia de si son o no procedentes, han pasado por alto la obligación de atender los preceptos legales mencionados.

Aunado a lo anterior, es preocupante la participación del Gobierno del Estado de Jalisco, quien lejos de abonar a la solución del conflicto y de propiciar el diálogo entre las partes y que se atienda el derecho a la información y a la consulta de los habitantes de la comunidad, ha utilizado la fuerza pública del Estado ante la manifestación legítima de los inconformes con el proyecto. Como resultado de ello han sido detenidas tres personas y se ha pretendido intimidar con presencia policial las 24 horas a los miembros de la comunidad que han decidido ejercer su derecho a rechazar la obra en cuestión.

Es por ello que esta CEDHJ solicita a las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, a las autoridades municipales de Lagos de Moreno, e incluso a las autoridades federales, para que, bajo el principio de máxima protección, pluriculturalidad y respeto a los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas, garanticen la aplicación de la legalidad en el proyecto del gasoducto que atraviesa la comunidad indígena referida. Actuar en sentido contrario refuerza la exclusión y discriminación de la que han sido objeto de manera histórica”.