Ciudad de México, México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que las declaraciones que realizó el presidente Enrique Peña Nieto cuando fungía como gobernador del Estado de México sobre las víctimas de Atenco fueron determinantes para que la impunidad en el caso continuara.

La CIDH, señaló que las declaraciones emitidas el 3 y 4 de mayo de 2006, merecen “medidas administrativas, disciplinarias o penales”.

Según informó Proceso, en el último trimestre de 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará el discurso político de altos funcionarios en los casos de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes luego 11 años del suceso, exigen sanción a los responsables materiales e intelectuales de los tres niveles de gobierno.