Por Gabriela León

En el marco del I Seminario del Patrimonio Cultural en la Globalización, durante la Universidad Internacional de Verano del CULagos, el doctor en Historia y Etnohistoria, Bolfy Efraín Cottom, impartió la conferencia La Legislación del Patrimonio Cultural como Producto entre el Derecho y la Cultura, donde expuso una serie de causas sociales, así como socioculturales y legislativas por las que el estado de derecho en cuanto al patrimonio cultural mexicano es una marea de abismos normativos, y por qué el conocimiento público y la difusión son fundamentales para la conservación del mismo.

Para entender la situación legislativa que cubre al patrimonio cultural, el ponente remarcó tres líneas fundamentales: la relación cultura-derecho, el papel del estado y las políticas públicas y la difusión del conocimiento.

“El tema del derecho y la cultura, en primer lugar tratar de comprender esa dimensión de que en estricto sentido, desde el punto de vista antropológico el derecho es un producto de la cultura. Es un invento de la sociedad, independientemente de las influencias que haya en los marcos y el sistema que se adopte, que proviene de otras latitudes, hay algo que se le otorga, producto de la sociedad misma, donde está vigente un marco jurídico que hace tomar consciencia de que el derecho es un producto cultural”.

Sobre las políticas públicas, que es todo aquello que hace o no hace el Estado en su realidad política y la difusión pública del conocimiento histórico, mencionó la trascendencia que tienen los arraigos históricos para la identidad, pues en todo estado nación, la cultura y los enfrentamientos sociales justifican y legitiman las legislaciones, su actuación y la creación de las instituciones gubernamentales.

Sin embargo, a partir de la implementación del sistema neoliberal que rige a nuestro país, la conservación del patrimonio cultural dejó de ser una inversión y por el contrario, el desarrollo tecnológico e industrial que se dejaba ver como un beneficiario de la sociedad, infringe en los derechos humanos; hoy por hoy las comunidades indígenas, que son quienes  conservan de manera latente los patrimonios mexicanos (las lenguas maternas y las tradiciones culturales), son víctimas del desarrollo internacionalista, mismo que fomenta el Estado.

“Es un asunto muy complejo porque no puede negarse que hay desarrollos que son a beneficio de la sociedad: generan empleos, mejoran las condiciones de vida. Pero en otros caso representan un verdadero problema; quizás es por cómo está organizada nuestra sociedad, cómo se da esta problemática de tranza, la corrupción… Resulta ser que no todos los desarrollos generan necesariamente beneficio o es un asunto de beneficio sólo para ciertos sectores de la población, que siempre se ven así y la sociedad sigue ocupando los último peldaños”.

Esto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe el concepto de Patrimonio Cultural, por lo tanto no existe una Ley Federal del Patrimonio Cultural; sin embargo, sí pueden ser considerados por las entidades federativas y los municipios.

Bolfy Efraín Cottom puntualizó que la situación de las legislaciones sobre el patrimonio cultural está basada en una serie de inconsistencias y abismos que no son considerados por el Estado Mexicano, el cual sólo considera dentro de las normativas tres ámbitos: los restos fósiles, monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, los derechos lingüísticos y los archivos.

“Siempre comento que en las discusiones que teníamos con uno de los más grandes historiadores de este país, Guillermo Tovar, llegábamos a la conclusión de que el concepto del Patrimonio Cultural era una maldición y una bendición, ¿por qué? porque este concepto nos saca de la ignorancia, para meternos a la confusión”.