París Hong Kong
Fotografía: EFE
París, Francia.

El Gobierno francés sigue con mucha atención la situación en Hong Kong y pidió este miércoles a las partes, en particular a las autoridades de ese territorio, a que se restablezca el diálogo para una salida pacífica que garantice los derechos y libertades recogidos en su Ley Básica.

En una declaración, el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, insistió en que esa Constitución que establece el principio de “un país, dos sistemas” garantiza el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y la autonomía del sistema judicial.

Todos esos elementos “son esenciales para la población y para la prosperidad económica de Hong Kong” y Francia quiere su “respeto integral”, añadió Le Drian.

El jefe de la diplomacia francesa expresó su preocupación por que las manifestaciones en Hong Kong continúan “en un clima cada vez más tenso” y afirmó que París está muy atento a esa situación junto a sus socios, en especial los europeos.

En ese contexto, reclamó “a todas las partes, en particular a las autoridades de Hong Kong, que restablezcan el diálogo para encontrar una salida pacífica a esta crisis y acabar con la escalada de la violencia”.

Las protestas en Hong Kong comenzaron en marzo pasado frente a la iniciativa de las autoridades locales de promulgar una ley de extradición, que, según sus oponentes, podría servir para que disidentes políticos y sectores críticos con el régimen comunista fueran llevados a China para ser procesados sin garantías legales.

Las marchas movilizaron a cientos de miles de personas a partir de junio y han estado acompañadas de episodios de violencia, huelgas e intentos de los manifestantes de afectar el curso normal de la ciudad con paros y ocupaciones de edificios oficiales, comisarías, estaciones de metro o el aeropuerto local.

Hong Kong es en la práctica independiente de China en cuestiones judiciales, al regir en las relaciones entre ambos territorios el principio de “un país, dos sistemas”, por el que Pekín dio a la excolonia británica amplia autonomía en todas las competencias, excepto en asuntos exteriores y defensa.

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