Zapopan, Jalisco.
Hay una relación estrecha entre la pobreza y la criminalización del aborto advirtió la licenciada en trabajo social por la Universidad de Guadalajara Estela Márquez Aguayo, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) durante la Mesa de diálogo argumentativa sobre el “Aborto”, organizado por el Proyecto “Cultura Unida”.
"Para abortar sólo se necesita una cosa, dinero. El tema es contra quién está criminalizando el aborto contra las mujeres de clase bajas, mujeres en situación de marginación en pobreza exclusión social, los países que no tienen legalizado el aborto son los países pobres y en algunos países como México está legalizado para salvar la vida de la mujer”, aseveró.
La Dra. Martha Patricia Ortega Medellín psicóloga por la Universidad de Guadalajara y representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México argumentó que el hecho de que el aborto este penalizado no quiere decir que se evita o que no se practica, sino que se realiza en condiciones no seguras, en donde las mujeres que tienen menos recursos son las personas que terminan acudiendo al aborto clandestino.
A decir del especialista lo que se debe conocer es el hecho de que las mujeres pueden acudir a solicitar lo que está permitido por la ley, ya que en Jalisco el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación, cuando pone en peligro la vida de la mujer o cuando este puede generar un grave daño a la salud física o mental, o cuando el embarazo es imprudencial, lo cual está plasmado en el programa estatal de interrupción legal del embarazo que se publico el 28 de octubre del 2017, comentó.
Ortega Medellín manifestó que el aborto se trata de una decisión difícil e indeseable para cualquier mujer. Explicó que cuando una mujer recibe la noticia de que está embarazada no necesariamente la hace feliz, o puede que posteriormente sí, todo dependerá de la situación en la que se encuentre.
Con este tipo de mesas de diálogo las ponentes Aguayo y Medellín pretenden brindar una consejería científica, laica, libre de prejuicios, respetuosa de los derechos humanos de las mujeres y con perspectivas de género para usuarias solicitantes de Interrupción legal del embarazo por causa de violación, y así fomentar que se comprenda que después de la violencia vivida, tienen derecho a decidir lo que hará.
Redacción: Amayrani Pérez
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