Ciudad de México, México.

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) acelerar la investigación del caso para castigar a los exfuncionarios que resulten responsables de encubrir o entorpecer la investigación sobre el paradero de sus hijos.

En la víspera del quinto aniversario de los hechos, los familiares realizaron un mitin frente a la sede de la Fiscalía en Ciudad de México, donde le exigieron a su titular, Alejandro Gertz, cumplir con el compromiso del nuevo Gobierno de esclarecer el caso y juzgar a los responsables, incluyendo políticos del sexenio anterior.

"(Marchamos por) el compromiso adquirido con el fiscal general de que se tiene que agilizar el trabajo de investigación. Dentro de las demandas que hoy planteamos es la investigación a los funcionarios que inventaron la 'verdad histórica' para cerrar el caso en el 2015", declaró a Efe Felipe de la Cruz, vocero de los familiares.

Este martes, se inició la búsqueda de indicios en el basurero de Tepecoacuilco -cercano a Iguala- en el que no se había buscado hasta ahora, en un operativo conjunto de la Fiscalía y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso, creada por el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a petición de las familias.

Sin embargo, en esta última manifestación, los padres expresaron escepticismo sobre los posibles hallazgos en ese lugar al reiterar que la manera de esclarecer el caso es investigar a funcionarios del Gobierno anterior y a las fuerzas de seguridad involucradas.

"Ellos no son desaparecidos, que no sepamos dónde quedaron. Se los llevaron los policías y ellos saben dónde quedaron. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos?", expresó Nicanora García, madre de uno de los desaparecidos.

Los familiares también lamentaron que en días recientes las autoridades liberaron a 24 expolicías municipales presuntamente implicados, días después de la absolución de Gildardo López, alias el Gil, uno de los principales acusados y presunto miembro de Guerreros Unidos, por falta de pruebas.

Además, consideraron que está "desfasada" la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que este martes demandó al Gobierno federal mandar 114 restos humanos a laboratorios para su análisis, de un total de 63 mil hallados en el municipio de Cocula, considerado el supuesto lugar del crimen.

"Ninguno de mis compañeros creemos (en esos restos). Porque los señores expertos hicieron todos los estudios, los químicos, los peritos. La compañera nos dijo: 'usted, no se preocupe'. Estos son restos humanos que ya tienen añales", argumentó Bernardo Campos, otro de los padres.