Organizaciones de la Sociedad Civil exigió a la CEDHJ aclaren recomendación en el caso de Liliana Carrillo González
RDP CLADEM JALISCO MÉXICO




Por: Aurora Quijas

Ante las omisiones y violaciones de los Derechos Humanos de la víctima y víctimas indirectas por parte de la Comisión de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en la recomendación 25/20 sobre el feminicidio de Liliana Carrillo González.

En rueda de prensa virtual Organizaciones de la Sociedad Civil exigieron que sea corregida públicamente la información que emitió el CEDHJ pasado 4 de agosto dónde señala a la familia de la víctima como la parte quejosa, informó Mara Muñoz, Titular del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Niñas y Mujeres.

“Es relevante porque la identidad de la familia dice que es una persona de la familia pues se pone en riesgo son personas que se encuentran en la Sierra, sin comunicación sin siquiera teléfono normal y mucho menos a ningún medio de redes sociales o ninguna otra forma de comunicación, evidentemente lo que estamos hablando de que la recomendación va dirigida a personas que ocupan espacios de autoridad importante”.

Señaló que la parte quejosa es el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Niñas y Mujeres que acompaña a las víctimas en este proceso quejoso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

Mara Muñoz, Titular del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Niñas y Mujeres, señaló que las Organizaciones de la Sociedad Civil expresa su preocupación del proceder de CEDHJ, por lo que piden que aclaren que fue el Observatorio y no la familia de la víctima.

“Nos parece fundamental que la comisión diga públicamente que la parte quejosa no tiene que ver nada con la familia de la víctima y que así como hizo una difusión tan amplia porque salió en todos los medios de comunicación esta recomendación pues que también así lo hago lo haga para resarcir el daño de señalar a quien no lo es evidentemente poniéndola en un riesgo grave”.

Por último, las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron que las recomendaciones se hagan públicas siempre y cuando las víctimas hayan sido notificadas, conozcan el contenido de la misma antes que cualquier medio de comunicación.