Rastro de Poncitlán desecha residuos a río Santiago sin tratar




Ocotlán, Jalisco

Durante años, el Rastro Municipal de Poncitlán ubicado en Cuitzeo ha presentado irregularidades de operación que le impiden cumplir con las normas establecidas por el estado de Jalisco para su funcionamiento, por lo que se ha convertido en uno de los principales actores contaminantes para el Río Santiago desde ese municipio con el desecho de los residuos sólidos del resto de la materia prima. En este caso, no cuentan con una tratadora especializada de aguas que es indispensable para que pueda desembocar con todas las de la ley, manifestó el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Reynaldo Díaz Hernández.

“Pues se requiere un pre tratamiento aquí en el rastro porque está descargando directamente a la red de alcantarillado y recordemos que es de uso doméstico, no es para el rastro, se debe de tener pretratamiento, captar la sangre, llevarla a la red de alcantarillado y tener su fosa como se tenía antes como retención de los sólidos finos y sólidos gruesos, entonces se requiere nuevamente tener en función”.  

La cantidad de descargas ilegales asciende a las 283 en toda la cuenca. Al final del día, el principal actor en accionar y responder por el conjunto de irregularidades del Rastro es el mismo municipio de Poncitlán, ya que al ser el primer contacto directo con la población de Cuizeo deben de gestionar los recursos necesarios con los niveles estatal y federal, e incluso con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua (CEA), para instaurar una pequeña planta tratadora en el lugar y así buscar reducir los altos índices de contaminación una vez que los residuos desembocan en el Río Santiago.

Sin embargo, existe poca certeza sobre la regulación jurídica del Rastro, por lo que les impide gestionar recursos de cualquier dependencia, y en caso de que el recurso sea propio y se invierta directamente, aún sea por un bien común, puede considerarse como  desvío de fondos por no ser un lugar de sus titulares, lo anterior con la vigente Ley de Disciplina Financiera.

Lo que sí se puede llevar a cabo, es el trámite de regulación ante los mismos ejidatarios de la comunidad y hacer válido la regulación jurídica; para de esta forma continuar con los trámites debidos para que una vez que se obtengan los recursos sean inyectados directamente en la pre tratadora, anunció el encargado de la auditoría externa de la CEA, Alberto Casas Reynoso.

“Vamos por el principio: regularidad jurídica del edificio que no existe. Que tenemos que hacer: coordinarnos para que haya regularidad; el estado y la federación ayuda en su momento. A quién vamos a involucrar, al ejidatario o aquel que en su momento dijo 'ponga el rastro Don Juan, echeme la mano, firmele, no’ para que ahora sí nosotros podamos invertir. Hay detalles desde un inicio”.

La otra ventaja de la regulación jurídica del lugar es que podrán contar con las recomendaciones por parte de la Conagua y la CEA para que puedan etiquetar, financiar y aprobar en sesión de cabildo un presupuesto fijo para la generación del proyecto, a la par de gestionar los recursos necesarios con el resto de los niveles de gobierno ya sea con el estatal y el federal, aunque es importante trabajar en conjunto para que el mismo sea posible finalizó Casas Reynoso.

Por Iván Ochoa

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