Ocotlán, Jalisco

La violencia institucional en el caso de la menor desaparecida y que posteriormente fue encontrada fallecida en Ocotlán, preocupa, según opinó la académica e investigadora del Centro Universitario de la Ciénega, además de Coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) Guadalupe Ramos Ponce, esto después de que la abuela de la menor no fue debidamente acompañada en todo el proceso y al final terminó enterándose a través de un medio de comunicación sobre el hallazgo de su nieta, en lugar de a través de las instituciones encargadas del caso:

“Algo que preocupa mucho es la violencia institucional, la que en este caso vive la abuela, vive la familia y la propia niña. Cuando se denuncia la desaparición de ella el 22 de junio, según se da cuenta en los medios periodísticos de la zona, es encontrada el tres de julio, ya había una alerta Amber y sin embargo la abuela nunca fue notificada del hallazgo”.

Además de la falta de atención a la hora de ser notificada sobre el hallazgo, se le suma la ausencia de atención psicológica la cual es muy importante en este tipo de casos, según refirió Ramos Ponce. 

Por otra parte, no fue sólo la Fiscalía de Jalisco o los responsables de la Alerta Amber quienes ejercieron violencia institucional en el caso, sino que también el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, falló, ya que no entregó el cuerpo de la menor hasta ocho días después de que llegó a sus instalaciones, es decir el 10 de julio, y negó a la abuela la posibilidad de identificarla, ya fuera con confirmación visual, fotografías o mediante la carpeta de investigación.

Finalmente, Ramos Ponce comentó sobre lo que hace falta para que este tipo de casos no se repitan y todo recae en que los servidores públicos conozcan la ley general de víctimas:

“Hace falta sensibilizar al personal y operadores de justicia, pero sobre todo hace falta que conozcan la Ley General de Víctimas, esta ley es muy clara y señala todo esto que ya había mencionado, todos estos acompañamiento que se tienen que dar a las víctimas, el acceso a la información al que tienen derecho y aquí lo que se nota es que no conocen la Ley General de Víctimas ni están sensibilizados y capacitados”.

Un ejemplo claro de esta falta de capacitación y de sensibilidad es la página de la Alerta Amber, la cual notificó la localización de la menor, sin embargo, no aclararon que desafortunadamente fue sin vida.