Ocotlán, Jalisco

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas que están hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán.

Además, que  el Estado adopte las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado para las personas beneficiarias, proporcionándoles atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, esto conforme a los estándares internacionales aplicables. En la resolución también se señala que las medidas a implementarse deben ser concertadas con los beneficiarios y sus representantes; también, el Estado deberá informar sobre las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas en el documento. 

Esta medida cautelar fue interpuesta después de que el 18 de julio se recibió solicitud de la ciudadana Raquel Gutiérrez Nájera. Luego de haberse analizado el asunto, el 7 de febrero se emitió la Medida Cautelar No. 708-19, en la que en 10 hojas se explica y expone el motivo de su decisión.

El organismo señaló que se valoró la información aportada por el Estado en el sentido de que el río presentó una recuperación en la mayoría de las estaciones y que indica el desarrollo de políticas públicas con miras a la recuperación del río, y el saneamiento y manejo sostenible del agua. No obstante, la CIDH advierte que la principal medida de descontaminación implementada por el Estado, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), no es idónea para la contaminación producida como consecuencia de residuos industriales que se encuentran en el río.

También se indicó que 28 personas habrían fallecido debido a enfermedades renales crónicas desde 2003, incluyendo una persona a mediados de 2019. Sumado a ello, la situación de riesgo de las poblaciones concernidas puede en efecto verse agravada por la existencia, según los solicitantes, de rudimentarios centros de salud, sin medicinas ni la infraestructura para atender a los enfermos renales, que tienen que trasladarse a la Ciudad de Guadalajara para su atención médica.

Por su parte, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, dijo a integrantes de la Asociación Un Salto de Vida, el pasado 7 de febrero, que la macrorecomendación que ellos hicieron sigue vigente, y que en ella se señaló que las plantas de tratamiento no son suficientes para solucionar el problema:

“En aquel entonces se solicitaba la construcción de plantas de tratamiento, pero se solicitaba que estas no fueran necesariamente con estos esquemas con que están operando, lo que a todas luces se veía que iban a ser insuficientes para resolver el problema y ciertamente así fue”.

Hernández Barrón dijo que es positivo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya emitido las medidas cautelares, pero que se tienen que poner los pies sobre la tierra y desde lo local tomar acciones en pro de un medio ambiente más sano.

Luis Felipe García López

Luis Felipe García López

Reportero de Canal 44 y Radio UdeG, cubro agenda política y social y cultural. Licenciado en Periodismo, CUCiénega, UdeG. Cronista y entusiasta productor independiente.
Luis Felipe García López