Ocotlán, Jalisco

En estos días de fiestas patrias, se repite por todas partes el promocional turístico de que Jalisco es México. Sin duda lo es, no solo por la música, la comida, el mariachi y el folklore representativo a nivel nacional, sino también desafortunadamente representa la peor tragedia que tiene a México y a Jalisco particularmente en Crisis Humanitaria. Las desapariciones y el hallazgo de fosas clandestinas con decenas de cuerpos desmembrados, nos sitúan en una de las peores crisis humanitarias y de violaciones a los derechos humanos de la historia en nuestro Estado y en el país.

Ya lo ha dicho el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar que “Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos tanto de la víctima como de sus familiares —a la libertad e integridad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al acceso a la justicia, al recurso judicial efectivo, a la verdad, entre otros—, por lo que se trata de una de las más graves y crueles formas de violación de derechos, sobre todo cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. La ola de desapariciones en nuestro país es de una magnitud sin precedentes y ha sido calificada por Human Rights Watch como “la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”.

Estas violaciones a los derechos humanos se han agudizado en Jalisco con el hallazgo de una fosa clandestina en La Primavera con 119 bolsas con restos humanos, la cual probablemente la convierta en la fosa clandestina más grande descubierta hasta ahora en el Estado  y en el país.

Ante grave situación el Gobierno del Estado, el Congreso Legislativo, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos siguen en silencio y las pocas declaraciones que han realizado han sido para criminalizar a las víctimas y sin asumir las responsabilidades que les corresponden en la investigación de los hechos criminales y en la atención a las víctimas y sus familias.

Diversos colectivos de familiares, de organizaciones de la sociedad civil y hasta la propia Universidad de Guadalajara a través del Comité de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de Desaparición de Personas, se han pronunciado atinadamente sobre los sucesos violatorios. Entre otras demandas, hacen un llamado a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a realizar una autocritica seria y abierta de su desempeño.

Señalan la posibilidad de que la fosa descubierta agudice la crisis forense por la que atraviesa Jalisco desde tiempo atrás, resultado de la incapacidad de sus instituciones y personal para actuar conforme a los principios y protocolos establecidos. Señalan que no existe ninguna evidencia de que se haya superado el desastre institucional que propició el uso de tráileres refrigerantes para contener los cadáveres de septiembre de 2018. Este condenable hecho, por cierto, sigue sin ser aclarado y sin que se sancione a sus verdaderos responsables. Señalan también que muchas de las víctimas recuperadas de la fosa podrían tener denuncia de desaparecidas. Esto configura un tipo de delito que requiere una atención especializada. Las instituciones del estado también están obligadas a respetar y garantizar los derechos de los familiares, así como el de la sociedad a saber la verdad.

No podemos, no debemos, no queremos acostumbrarnos al horror. Merecemos las y los jaliscienses una vida mejor, sin miedo y sin el terror de la desaparición y de las fosas clandestinas. Y no, de ninguna manera nos merecemos estas autoridades omisas y silenciosas ante la crisis humanitaria que vivimos.

Por Guadalupe Ramos