Lima, Perú.

El Estado peruano sumó este martes una nueva victoria judicial en los litigios que les plantearon dos familias que reclamaban la propiedad de las ruinas de la ciudadela inca de Machu Picchu, la principal atracción turística del país.

El ministro peruano de Cultura, Luis Jaime Castillo, anunció que la Corte Superior de Justicia de la región de Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, declaró infundada la demanda de la familia Abrill, que afirmaba ser la legítima propietaria de las 13,000 hectáreas donde están los restos arqueológicos.

Por ello las hermanas Roxana y Victoria Abrill pedían además al Estado peruano una indemnización de 100 millones de dólares por el uso de esas 13,000 hectáreas de tierras para la explotación turística.

La demanda de las hermanas Abrill fue interpuesta en 2003, cuando iniciaron este prolongado litigio que este martes consumió la etapa en la Corte Superior de Justicia de Cusco.

Castillo recordó, en declaraciones a la Agencia Efe, que en Perú "el patrimonio cultural arqueológico es propiedad del Estado, y a veces esa propiedad se disputa".

"Al final creo que ha primado el derecho inalienable de todos los peruanos de defender aquellos baluartes de nuestro patrimonio cultural como Machu Picchu", señaló.

El ministro precisó que, en el caso de la joya arquitectónica de los incas, ha habido durante los últimos cuarenta años diferentes demandas de familias que en su momento tuvieron algún tipo de propiedad o posesión en la zona de Machu Picchu.

"Antiguamente fueron haciendas de familias que las fueron vendiendo y había muchos títulos superpuestos. Ellos reclamaban la propiedad y a veces también una indemnización fabulosa", apuntó.

Para el titular de la cartera de Cultura estos litigios "siempre han sido una espada de Damocles para el Estado peruano".

"Si lo ganaban ellos teníamos que devolverles Machu Picchu", reconoció.

En abril de este año la Corte Suprema de Justicia ya emitió una sentencia similar en el litigio iniciado en 2005 por la familia Zavaleta Zavaleta, que reclamaba la propiedad de los terrenos que rodean Machu Picchu, un total de 22,000 hectáreas donde se encuentra la red de caminos incas que conducen a la ciudadela.

Fue en 1944 cuando los Abrill y los Zavaleta se repartieron el complejo arqueológico pese a existir una ley que hacía propietario al Estado peruano de los restos arqueológicos. En manos de los primeros quedaron las ruinas y los otros recibieron los terrenos de alrededor, donde está la red de caminos inca.

La transferencia tuvo el beneplácito de un notario y ese documento fue la baza de defensa de las familias para acudir a los tribunales.

Sin embargo, el Estado peruano demostró que los terrenos de los antepasados de los Abrill y Zavaleta fueron expropiados a favor del Estado por la Dirección General de Reforma Agraria en los años 1960 y 1970.

La ciudadela de Machu Picchu, famosa a nivel mundial desde el viaje exploratorio del estadounidense Hiram Bingham en 1911, es reconocida desde 1983 como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, y desde 2007 es considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo.