Guadalajara, Jalisco.

Pedro Arrojo, Premio al Mérito Medio Ambiental Goldman en 2003, mucho antes de resultar elegido como diputado en España por el Partido Podemos en la provincia de Aragón, su postura contra la construcción de represas ha sido firme: es obsoleto hacerlas.

En México y particularmente en el caso de Temacapulin, Arrojo Agudo habló firme de por qué era una decisión equivocada la presa El Zapotillo y el trasvase del río a otra ciudad:

“Son tecnologías que han quedado obsoletas, que primaron toda la política de aguas buena parte del siglo XX, tecnologías que en EEUU llevan un adelanto respecto a otros países: ya en los años 80, después de quince años de conflictivas presas, el presidente hace un veto presidencial a la última gran presa y trasvase, estoy hablando de 1985; no son obras públicas del interés de EEUU, quien quiera hacerlas que se las pague” comentó Pedro Arrojo.

La primera vez que se planteó la opción de cancelar el proyecto de la presa “El Zapotillo”, e incluso el desmantelamiento, fue en 2010, el año que se celebró en Temacapulin el Tercer Encuentro Mundial de Afectados por Represas, poniendo de ejemplo la demolición de megaproyectos hídricos en Estados Unidos. Sin embargo, quienes llevan mano son las empresas que se adjudicaron la construcción del proyecto inciden en la política mexicana. Claudia Gómez representante legal de los pueblos afectados, explica que en el caso de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) se constató participa al margen de su propio código de ética debido a que la presa está plagada de violaciones.

“Nosotros encontramos que en un proyecto de estas característica se violan derechos antes, durante y una vez terminado el proyecto, cuando se van; la inundación trae consigo la pérdida de su patrimonio cultural, de su modo de vida en relación con la alimentación, el derecho al agua y medio ambiente, pierden acceso a sus fuentes de trabajo y fuentes de vida” informó Claudia Gómez, abogada de Temacapulín.

En el conflicto socio-ambiental por la presa El Zapotillo, no solo se ven afectados los pueblos de Temacapulin, Acasico y Palmarejo, sino también la industria agrícola, avícola y porcina de la Región de los Altos de Jalisco, donde se comprometería el acceso al agua para sostener la producción masiva.

Relatores especiales de Naciones Unidas, en materia del derecho a la alimentación y a la vivienda, han constatado que el desplazamiento forzado de los pueblos es una violación a sus derechos que no tendrá suficiente reparación de daño, además que la región ubicada en una zona semidesértica, acelerará la sequía.

En una de las múltiples visitas a México de Pedro Arrojo, director de la Fundación por un Nueva Cultura del Agua, expuso en foros académicos, públicos y en reuniones con autoridades locales que el primer argumento para no continuar con el modelo de represas, es la violación a los derechos humanos en cascada.