Guadalajara, Jalisco.

Las madres que están en prisión tienen derecho a conservar la guardia y custodia de sus hijos menores de tres años, y el gobierno federal y los estatales tienen la responsabilidad de que vivan dignamente, señaló el integrante de la asociación civil Documenta, Roberto Cortes Ruiz.

Asentada en la Ciudad de México, Documenta, análisis y acción para la justicia social, trabaja en la defensa de los derechos humanos en procesos de reinserción social, acceso a la justicia para personas con discapacidad y prevención de la tortura en el sistema penitenciario mexicano a lo largo de todo el país.

Este lunes, #44LAB dio cuenta de que cinco niños y cuatro niñas menores de tres años viven con sus madres en el Centro Penitenciario Femenil de Puente Grande, en Tonalá. Además, nueve sentenciadas más están embarazadas.

En entrevista, Roberto Cortés Ruiz argumentó que la Ley Nacional de Ejecución Penal, que permite la custodia de los niños menores de tres años por sus madres recluidas, es un paso hacia el derecho de las madres a ejercer su maternidad y el derecho de los niños y las niñas a un sano desarrollo.

– ¿Se abogó por los derechos de la niñez con la Ley Nacional de Ejecución Penal? –

“Por supuesto. Con los derechos de la niñez y con los derechos a la maternidad, que son derechos que se entrelazan entre sí. Una parte es el derecho de los niños a vivir con su madre, a la lactancia, a tener cuidados, y por otro lado está el derecho de las mamás a la maternidad, que es justo la pugna que hay.

La discusión es si prevalece el derecho de la mamá o el derecho del niño y la niña a estar con su mamá. Es una discusión que aún no termina”.

– ¿Cómo es este tema en otros países? –

“En general, es un tema nuevo. La Ley Nacional de Ejecución Penal, aprobada el 16 de junio del 2016 y que no se ha difundido, es un beneficio, entre otros casos, para personas privadas de su libertad que tengan hijos menores de 12 años o con discapacidad. El beneficio es que le puedas sustituir la pena de prisión para que cuiden a estos niños y niñas.

Esta experiencia existe en Colombia, pero no hay muchos datos. Tan solo aquí en México apenas se está comenzando a hablar de este tema y no hay muchas situaciones así”.

– ¿Cuáles son las condiciones de vida que el Estado debe garantizarle a los niños y niñas que viven con sus madres en prisión? –

“En general, todos los derechos de la niñez son los mismos derechos que el Estado debe garantizar a los niños que viven con sus madres adentro de prisión: cuidados prenatales básicos, acceso a la educación, a la salud.

Respecto a los niños que viven con sus madres en prisión, el Estado tiene una doble responsabilidad porque la madre y el bebé están bajo custodia del Estado. A partir de que están bajo custodia, ni las mujeres ni ellos mismos pueden proveerse de todos estos servicios que van a garantizar sus derechos.

Si un niño vive con su mamá en prisión, su madre no puede ser sujeta al aislamiento, por ejemplo”.

– ¿En esta Ley Nacional de Ejecución Penal hay alguna mención al derecho a la paternidad, es decir, un hombre en prisión puede cuidar a sus hijos adentro del centro penitenciario? –

“Hay un capítulo en la Ley Nacional de Ejecución Penal que habla exclusivamente de hijos viviendo con madres, no hay algo sobre la paternidad. Yo creo que es por una situación de contexto en el que se desarrolla todo esto: casi siempre quien se hace parte del desarrollo de los niños son las mamás que están adentro. Incluso, por ejemplo, cuando los hombres están en prisión, la mujer es quien se suele hacer cargo.

Pero cuando una madre está adentro, es muy raro que un hombre le dé seguimiento a la situación de privación de libertad de la mujer.

La parte de la maternidad de la mujer es muy importante, justo por los derechos a la lactancia y esas particularidades que son propias de la situación en la que se puede encontrar la mujer y el niño que esté ahí”.

– ¿En qué otras situaciones a la reclusa se le puede sustituir la pena de prisión? –

“Los sujetos a quienes se prioriza para ser beneficiarios de esta Ley son los niños y las niñas.

Por ejemplo, si un hombre o una mujer son sentenciados, su pena de prisión podría sustituirse por un arresto domiciliario o por un trabajo en favor de la comunidad cuando tengan un hijo menor de 12 años con alguna discapacidad. Eso va a depender de acuerdo a lo que el juez determine.

Sin embargo, nosotros hemos representado un caso y documentado otros en los que se ha pedido el beneficio, en estos dos años que lleva la Ley de vigencia, en los que estos jueces de ejecución se han negado: o no le conceden el beneficio, o se le obliga a la persona a desistirse del beneficio. En esos casos, lo que procede es que se lleva al menor de edad a un DIF.

Un acierto en esta nueva Ley Nacional de Ejecución Penal es que se ve al sistema de penitenciario no sólo como la secretaría de seguridad pública, también a la secretaría de salud, la secretaría de educación pública, la de la función pública, la de desarrollo social, la procuraduría de los niños, niñas y adolescentes. Justo aquí lo que tendríamos que saber es qué es lo que está haciendo esta procuraduría, qué es lo que está haciendo la secretaría de salud, para darle protección a todos estos niños que están viviendo al interior con sus madres o que viven al exterior y que requieren que su padre o su madre salgan para poderles dar la protección que necesiten”.

– Mencionas que hay jueces que niegan los beneficios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿qué se puede hacer en esos casos? –

“Debe de haber jueces sensibilizados y comprometidos con que se cumpla esta Ley. Ya van dos años que lleva en vigor y son muy pocos procedimientos donde realmente se está aplicando esta Ley nacional.

Los jueces siguen diciendo que esta Ley no está vigente, ese es el problema.

La realidad es que los niños y las niñas, si hubiera alguna situación que atente contra su dignidad, contra su salud, en sus estancias en las prisiones, tienen derecho de acceder a este juez especializado para demandar a la institución penitenciaria que se den mejores condiciones de vida”.

Cristian Rodriguez

Cristian Rodriguez

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Guadalajara. Premio Jalisco de Periodismo 2016 y 2017, ambos en la categoría estudiantes.

Es reportero del sur de Jalisco.
Cristian Rodriguez