Ciudad de México, México.

Tras un prolongado debate, senadores mexicanos aprobaron este viernes una polémica ley que regula la participación de militares en el combate al crimen organizado, que se prevé será ratificada definitivamente por la cámara baja, pese a la oposición de defensores de derechos humanos.

La llamada Ley de Seguridad Interior busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno mexicano de lanzar a finales de 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, que puso a soldados a complementar tareas de policía civil y que vino acompañada de una escalada de la violencia.

Sus opositores argumentan que la ley perpetúa una medida de excepción que ha vulnerado los derechos humanos en México y deja de lado el necesario fortalecimiento de las policías.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Díaz, descartó que sea "intención del gobierno de la República militarizar al país" ni que las fuerzas armadas asuman tareas de Seguridad de manera permanente, según un comunicado del Senado que la cita.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el ombudsman mexicano y la Comisión Interamericana en la materia llamaron esta semana al Legislativo a no aprobar la ley tal como está planteada.

Académicos, políticos de oposición y voces de la sociedad civil también protestaron y expresaron su temor a que la norma pueda agravar la violencia en México.

Desde 2007 a la fecha, más de 196 mil personas han sido asesinadas en México y 30 mil están desaparecidas, según cifras oficiales que no precisan cuantos casos están relacionados con la criminalidad.

La ley, aprobada luego de 15 horas de debate con 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, establece entre otros puntos que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas no podrá exceder un año, pero puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.

También da al presidente la potestad de ordenar la acción inmediata en casos en que las amenazas a la seguridad representen grave peligro para la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones.

Los senadores efectuaron nueve modificaciones al texto original, precisó el comunicado.

Se espera que el dictamen sea aprobado rápidamente este viernes por los diputados y que después sea promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien ya había expresado su apoyo a la norma.

Sin embargo, se anticipa que el ombudsman de México presente una controversia de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.

Diseño: Irving García