Cuatro meses han transcurrido desde que la administración panista de Unión de San Antonio entró en funciones, mismo lapso en el que se realizaron cuatro sesiones de cabildo sin la representación proporcional de los regidores de la fracción priista. Esto se debe a la ausencia de una convocatoria formal para la toma de protesta al cargo de los ediles, de parte de la administración encabezada por el alcalde Julio Hurtado Luna, denunciaron públicamente los regidores.  

El 8 de febrero, el Congreso del Estado a través del presidente de la Comisión de Gobernación, Jorge Arana decidió intervenir y mediar el caso citando a los ediles panistas y al alcalde Julio Hurtado, así como a la fracción de los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para entablar acuerdos y evitar que se decretara una ingobernabilidad o disolución del cabildo.

Días después se resolvió que el 16 de febrero se realizaría la sesión ordinaria de cabildo para la toma de protesta de los regidores Ricardo González Muñoz, Adolfo Romero Escobedo, Emma Rosa González Alba y Miriam Isabel de Anda Coronado.

Por ello, este martes de manera protocolaria se llevó a cabo la quinta sesión de cabildo dentro del Ayuntamiento de Unión de San Antonio para efectos de la toma de protesta de dichos regidores. Al acto acudieron representantes del Congreso del Estado y partidos políticos.

Durante el espacio de asuntos generales los regidores del PRI liderados por Ricardo González hicieron señalamientos por desvío y mal manejo de recursos públicos, denunciaron la alteración de conceptos y cobros en obras de infraestructura, así mismo, indicaron que darán seguimiento y presentarán denuncias penales contra los responsables por el desfalco de 15 millones de pesos presuntamente sustraídos en el año 2013, por quien en aquel momento ocupaba el cargo de tesorero municipal.

La oposición requirió información respecto a la relación que el Ayuntamiento mantiene con empresas constructoras, solicitaron también copias certificadas de los nombramientos de funcionarios de primer nivel, actas de entrega recepción, padrón vehicular y padrón de personal permanente y de seguridad pública.

Por su parte, el alcalde Julio Hurtado manifestó que se sumaría a la presentación de las denuncias penales contra los responsables, siempre que existan pruebas con relación a los 15 millones de pesos sustraídos. Dijo que ya hay dos denuncias, puesto que el origen de dicho recurso era por la vía federal y estatal, y que las autoridades jurisdiccionales ya llevan el caso. 

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