La fiscalía mexicana rechazó el sábado haber actuado de manera unilateral difundiendo el resultado del nuevo peritaje sobre el controvertido caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tal como lo reclamó el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI).

En un abierto choque, el grupo de expertos, que trabaja en el caso a petición de los familiares de los jóvenes desaparecidos, rompió el viernes un acuerdo suscrito con la fiscalía para determinar si los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

El desencuentro vino después de que la dependencia anunció el viernes que los resultados de un último peritaje arrojaron evidencia suficiente para determinar que la noche de la desaparición, “al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados” en un basurero de la localidad de Cocula.

Este anuncio fue duramente criticado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que se violó la confidencialidad acordada entre las dos partes para poder analizar los resultados antes de darlos a conocer públicamente.

Sin embargo, la fiscalía dijo este sábado en un comunicado que el anunció “de ninguna manera es unilateral” y reiteró que el nuevo peritaje se hizo en base a un acuerdo alcanzado con el GIEI y “que se respetó en todo momento”.

El informe del viernes ratifica la versión oficial presentada en noviembre de 2014, según la cual los jóvenes fueron atacados la noche del 26 al 27 de septiembre de ese año por policías corruptos de Iguala, en el convulso estado de Guerrero (sur) quienes los habrían entregado a integrantes del cártel Guerreros Unidos. 

Los sicarios los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula, un municipio vecino de Iguala, para luego tirar sus cenizas a un río aledaño.

Además de la investigación oficial, se han hecho dos peritajes adicionales e independientes que rechazan la versión oficial.

Los expertos del GIEI, que llevan cerca de un año trabajando en el caso, concluyeron en 2015 que no existe evidencia de un fuego de esa magnitud en el basurero la noche de la tragedia.

Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también trabaja en el caso presentó en febrero un informe que rechazó la posibilidad de que los 43 jóvenes hayan sido incinerados en ese lugar.

El permiso que gobierno de México otorgó al GIEI para trabajar en el caso expira este mes y aunque los familiares de las víctimas han pedido su permanencia, el gobierno ha dicho que no habrá prorroga para su partida.

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