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Fotografía: El Comercio
Washington, Estados Unidos.

El estado de Texas no cedió a las presiones diplomáticas de México y ejecutó hoy al ciudadano Robert Moreno Ramos, condenado por asesinar a su esposa y a dos de sus hijos en 1992 y enterrarlos bajo la vivienda familiar.

A Moreno Ramos, nacido en el estado mexicano de Oaxaca hace 64 años, lo declararon muerto a las 21 mil 36 hora local tras recibir una inyección letal en la prisión de Huntsville, informó el Departamento de Justicia Criminal de Texas.

Preguntado por sus últimas palabras, Moreno Ramos ofreció una críptica declaración en la que agradeció a la diplomacia mexicana la “lucha” librada contra su condena a muerte, “merecida o no”.

“Recibo el reloj de oro que el gobernador ha tardado 30 años en forjar. Señor, envíame un carro”, dijo.

Sus palabra pueden ser una alusión a la tradición del reloj de oro como regalo de jubilación y al carro de fuego que el profeta Elías utilizó para subir al cielo.

Moreno Ramos fue condenado a muerte en 1993 por asesinar a martillazos un año antes a su entonces esposa -Leticia, que tenía 42 años- y a sus dos hijos menores: Abigail, de 7, y Jonathan, de 3, para casarse con otra mujer tres días después.

Los mató el 7 de febrero de 1992 y durante cerca de dos meses evadió preguntas sobre el paradero de sus familiares, quienes aseguró que habían muerto en un accidente de tráfico del que no ofreció más detalles.

La hermana de Leticia terminó por denunciar su desaparición y las autoridades abordaron a Moreno Ramos a finales de marzo, que de nuevo dio versiones contradictorias sobre el paradero de su familia y fue detenido por unas infracciones de tráfico pendientes.

Durante un posterior registro a la vivienda familiar en la ciudad de Progreso (fronteriza con México), la Policía halló rastros de sangre, y tras un nuevo interrogatorio Moreno Ramos confesó el 7 de abril que había enterrado los cuerpos bajo el baño.

Los fiscales contaron durante el juicio de 1993 con dos testigos estrella: el hijo mayor de Moreno Ramos, que declaró en su contra, y el de una mujer que le acusó de haber matado a su hija, con la que aparentemente se casó en 1988 en Reynosa y meses después desapareció.

Moreno Ramos fue uno de los 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos cuyos casos ordenó reconsiderar en 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en una sentencia conocida como “Fallo Avena”.

A estos presos se les violó su derecho -recogido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares- a solicitar asistencia legal a su país tras su detención, según el fallo.

Es por ello que el Gobierno de México, expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habían presionado al estado de Texas para que suspendiera la ejecución, alegando que Moreno Ramos no tuvo “un juicio justo” ni un “debido proceso”.

Texas, sin embargo, volvió a desoír las presiones diplomáticas, así como el fallo de la CIJ, como ya había hecho con otros cinco mexicanos ejecutados en la última década en el estado sureño.

El Tribunal Supremo de EE.UU. deliberó hoy durante horas sobre el recurso presentado por los abogados de Moreno Ramos contra Texas por desoír el “Fallo Avena”, lo que obligó a retrasar la ejecución más de tres horas hasta que fue finalmente rechazado.

Según datos del observatorio Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), en todo el país hay 133 extranjeros de 35 nacionalidades condenados a muerte, en su mayoría mexicanos (53), nueve vietnamitas, ocho cubanos, ocho salvadoreños y cinco hondureños.

Desde que el Tribunal Supremo restituyó hace cuatro décadas la pena de muerte y contando a Moreno Ramos, han sido ejecutados 34 extranjeros, doce de ellos mexicanos y cinco cubanos.