Los familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en septiembre siguen en pie de lucha al cumplirse este jueves seis meses del terrible crimen, con nuevas nuevas protestas en Ciudad de México para exigir que no se cierre la investigación.

Sin dar crédito a la conclusión oficial de que los estudiantes acabaron siendo masacrados por narcotraficantes, los padres exigen al gobierno que los encuentre con vida y claman para que el paso del tiempo no lleve a olvidar este crimen que conmocionó a México y la comunidad internacional.

Además de convocar a una nueva marcha por el centro de la capital, como las que han liderado cada mes desde la fatídica noche del 26 de septiembre, en esta ocasión los padres acudirán también al Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar formalmente la suspensión de las elecciones previstas para junio en el estado de Guerrero (sur), donde ocurrieron las desapariciones.

Hasta que no se encuentre con vida a los jóvenes y “el gobierno no esté libre de ‘narcopolíticos’, no es posible que se hable de una fiesta cívica” en Guerrero, dijo en rueda de prensa el martes Melitón Ortega, tío de uno de los desaparecidos.

Ortega adelantó que los familiares se presentarán alrededor del mediodía (18H00 GMT) en la sede del INE -al sur de la capital- y le entregarán una carta en la que exponen los motivos por los que consideran que no debe haber comicios el 7 de junio, cuando se votarán autoridades regionales y locales en 16 de los 32 estados mexicanos.

Para los familiares, de celebrarse los comicios se estarían perpetuando las condiciones para que se repita un crimen brutal como el de los estudiantes, que puso en entredicho la imagen del México próspero que trata de impulsar el presidente Enrique Peña Nieto, cuya popularidad ha venido desde entonces a la baja.

Los familiares también han tratado recientemente de elevar sus reclamos de justicia más allá de las fronteras mexicanas, llevando a cabo caravanas de protesta en Estados Unidos y entregando cartas en embajadas en México.

“No nos dejen solos” 

Los 43 jóvenes, la mayoría entre 18 y 21 años, estudiaban magisterio en la escuela rural de Ayotzinapa (Guerrero), de marcada ideología socialista. 

El 26 de septiembre fueron atacados por policías locales de la cercana Iguala, aparentemente por orden del ahora detenido alcalde de esa ciudad, que temía que boicotearan un acto político de su esposa, a su vez hermana de destacados narcotraficantes.

Desde entonces se perdió el rastro de los jóvenes. 

Según la reconstrucción de la fiscalía, los estudiantes fueron entregados esa noche a narcotraficantes del cártel local Guerreros Unidos quienes los asesinaron, incineraron sus cadáveres y arrojaron sus restos a un río, supuestamente por creer que entre los jóvenes habían infiltrados de un grupo rival.

Pero hasta el momento sólo uno de los estudiantes ha podido ser identificado por los expertos forenses de Austria que analizan los restos encontrados en la zona.

La falta de otras pruebas de ADN y el hecho de que la reconstrucción del crimen esté basada en las confesiones de los presuntos victimarios ha hecho que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) hayan puesto en duda la versión oficial. 

“Seis meses después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes (…) expresamos nuestra preocupación frente a las muchas interrogantes que se mantienen sin respuesta”, manifestó este jueves AI en un comunicado.

Los expertos enviados recientemente a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han dicho que aún no tienen certeza de lo que sucedió con los jóvenes.

De su lado, la nueva fiscal general, Arely Gómez, nombrada a principios de marzo, ha defendido la investigación liderada por su antecesor, Jesús Murillo Karam, en la que se detuvo a un centenar de presuntos responsables. 

Con una agonía que les carcome desde hace seis meses, los padres de los estudiantes pedirán a los mexicanos que sigan solidarizándose con ellos, lejos de la consigna gubernamental de que el país “supere” la tragedia.

“No nos dejen solos”, pidió Melitón Ortega.

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