Los vecinos de una mina de oro canadiense en Guerrero, un violento estado del sur de México, encontraron la última fosa clandestina entre arbustos y árboles cerca de un camino de terracería.

El macabro descubrimiento de la semana pasada en Carrizalillo estaba conformado por un hueso de cadera y los restos de un brazo y dedos que estaban envueltos en plástico y una tela morada, según pudo constatar la AFP al ser llevada al lugar por pobladores.

Esta es la quinta fosa clandestina y los octavos restos que se han encontrado en la zona desde finales de octubre, abonando la sensación de inseguridad de los vecinos, que creen que el dinero que ganan en la mina ha atraído al crimen organizado.

“Donde hay miel, se acercan las abejas”, resume Ricardo López, el líder cooperativo de 59 años elegido por los vecinos para gestionar las tierras de Carrizalillo.

La montaña tallada por la mina a cielo abierto de la empresa canadiense Goldcorp se puede ver desde esta población de poco más de 1.000 habitantes. Su entrada está resguardada por la policía.

En funcionamiento desde 2007, la mina emplea a 2.600 personas de las comunidades aledañas y produce 258.700 onzas de oro al año.

Al mismo tiempo que están agradecidos por el trabajo, los habitantes de Carrizalillo aseguran que esta nueva riqueza ha venido acompañada de tiroteos, secuestros y extorsiones.

Además del hallazgo de fosas clandestinas, al menos una docena de personas fueron asesinadas desde 2014, explican.

Los vecinos culpan de la situación a Guerreros Unidos, el cártel que presuntamente masacró hace un año a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que sostiene una sangrienta batalla con sus rivales, Los Rojos.

Sin embargo, Carrizalillo no es el único municipio de Guerrero que ha sufrido episodios violentos después de que una compañía llegara a explotar minas de oro.

A dos horas de automóvil, en la ciudad costera de Nuevo Balsas, los vecinos aseguran que los tiroteos y los secuestros empezaron desde que otra compañía canadiense, Torex, descubrió oro en 2012.

– La violencia cuesta vidas… y dinero –

La última fosa clandestina en Carrizalillo fue descubierta por un campesino el pasado día 17. 

Nelson Figueroa, comisario (alcalde) de Carrizalillo y trabajador de la mina de 34 años, dice que lo reportó a la fiscalía general al día siguiente, pero le dijeron que estaban cortos de personal.

El área no había sido acordonada cuando los periodistas de la AFP fueron ahí el pasado 20 de noviembre. Una semana después, los investigadores aún no han ido al lugar, asegura Figueroa.

La fiscalía general no respondió a las solicitudes de la AFP para hacer comentarios sobre el tema.

Los vecinos de Carrizalillo se sentían seguros cuando los militares estuvieron patrullando la comunidad durante dos semanas este mes pero, ahora que se han ido la gente teme que retorne la violencia y vengan “a matar personas”, confiesa Figueroa.

El hijo de Ricardo López, un exlíder sindical minero de 39 años, fue asesinado a tiros a sólo 50 metros de la entrada de la mina, cuando regresaba a su casa el pasado 2 de agosto.

Desde entonces, López no se cansa de pedir a Golcorp que pague escoltas para que los empleados salgan y vuelvan tranquilamente de la mina Los Filos a sus casas, pero asegura que la firma se negó.

Contrariamente, un carro de la policía de Guerrero escoltó recientemente un convoy de la compañía a un complejo cerrado para ingenieros.

“Goldcorp está muy preocupada con el nivel de violencia en las comunidades que rodean la mina Los Filos. Seguimos animando a las autoridades mexicanas a que hagan todo lo posible para combatir esa violencia”, dijo a la AFP el director regional de seguridad de Goldcorp, Michael Harvey, a través de un correo electrónico.

La violencia conlleva un “coste financiero para Goldcorp ya que estamos obligados a invertir en seguridad adicional para nuestras operaciones y personal”, señaló Harvey sin dar más detalles.

– “Casi como en la guerra” –

El alcalde Figueroa recuerda como en junio de 2014 miembros de Guerreros Unidos llegaron disparando ráfagas y tocando las campanas del pueblo para reunirse con los vecinos y prometerles “limpiar” la plaza de Los Rojos. Seis personas fueron asesinadas ese día. 

Los narcos obligaron a los pobladores a comprarles comida, gasolina para sus carros y tarjetas de teléfono. Un minero de 25 años explica que les entregaba unos 1.000 pesos semanales (60 dólares), casi la mitad de su salario.

Además, nadie podía abandonar el pueblo sin permiso.

“Nos tuvieron secuestrados”, afirma Juan, un operador de máquinas de la mina de 27 años que, como muchos, no quiso dar su nombre completo por razones de seguridad.

En marzo, hombres armados balearon la casa de Figueroa y sus vecinos. Dos mujeres y un joven fueron asesinados ese mismo día. 

También en marzo, tres mineros fueron secuestrados y asesinados en otro sitio de la región. 

Mientras que Torex firmó un acuerdo para que haya presencia de policías estatales permanente en su mina en Nuevo Balsas, Carrizalillo sigue esperando que vuelvan los soldados.

“Prácticamente estamos en una guerra”, denuncia Figueroa.

Equipo Editorial
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