Estrasburgo, Francia.

México se convirtió hoy en el segundo país latinoamericano en adherirse al Convenio de Protección de Datos del Consejo de Europa y a su protocolo adicional, después de que Uruguay lo hiciera en 2013.

México, Estado observador ante la organización paneuropea, entregó a través de su representante, el embajador Santiago Oñate Laborde, los instrumentos de sendas adhesiones a la secretaria general adjunta del Consejo de Europa, Gabriella Battaini-Dragoni.

Battaini-Dragoni agradeció al país la "excelente cooperación" demostrada en el proceso de adhesión y el trabajo conjunto "para elaborar una versión modernizada de este convenio para adaptarlo a la realidad de las nuevas tecnologías".

Esa nueva versión se abrirá a firma después del verano. "Espero que México sea uno de los primeros en firmarlo, sería ejemplar", dijo la secretaria general adjunta.

El diplomático mexicano afirmó a Efe que el convenio aporta a México "un espacio de cooperación internacional para el flujo transfronterizo de datos y el derecho de seguir participando en el Comité de las partes al Convenio para elaborar nuevos criterios".

En cuanto al protocolo adicional, Oñate destacó que condensa las directivas de la UE, importante para México por su "acuerdo global con la UE, ahora en proceso de modernización".

El Convenio de Protección de Datos, vigente en los 47 Estados del Consejo de Europa, es el primer instrumento internacional vinculante que protege a las personas contra el uso abusivo del tratamiento automatizado de datos personales.

Prohíbe el tratamiento de datos sensibles, como el origen racial, las opiniones políticas, la salud, religión, vida sexual o condenas penales, si no existen garantías en las leyes nacionales.

Además garantiza el derecho a conocer las informaciones almacenadas sobre uno mismo y la posibilidad de exigir rectificaciones.

México ya se había adherido a los convenios de información sobre el derecho extranjero y su protocolo, el traslado de personas condenadas, la asistencia administrativa mutua en materia fiscal y su protocolo, y los delitos relativos a bienes culturales.